El Pleno del Parlamento de Andalucía abordará el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Popular, que incluye en torno a una quincena de iniciativas con las que pretende que la Cámara autonómica exprese de forma conjunta su rechazo a la política económica desarrollada por el Gobierno en los últimos ocho años.
El PP-A pone el foco en un modelo económico que, a su juicio, padece de “falta de planificación, del incremento sostenido del endeudamiento público, del aumento de la presión fiscal sobre familias y empresas y de la ausencia de reformas estructurales para reforzar la competitividad de la economía española”.
La formación popular persigue que el Parlamento andaluz califique la actuación presupuestaria y tributaria del Ejecutivo central en este periodo como “nefasta, caracterizada por un elevado endeudamiento, una evidente inseguridad jurídica y una presión fiscal injusta”, factores que, según sostiene, han provocado “la pérdida de poder adquisitivo y el agravamiento de los desequilibrios territoriales, así como una pérdida de competitividad”.
A partir de este diagnóstico, el PP-A reclama un giro en la política económica que incorpore “una fiscalidad justa, equidad de la financiación territorial, transparencia y reformas estructurales” con el objetivo de favorecer “el desarrollo equilibrado de las comunidades autónomas y del Estado”.
La iniciativa popular solicita además que la Cámara se pronuncie sobre “la paralización durante más de una década” de la reforma del sistema de financiación autonómica, situación que, a su entender, ha supuesto “perpetuar un modelo insuficiente” para Andalucía y consolidar “una infrafinanciación estructural”, lo que “limita la capacidad” de la comunidad para prestar sus servicios públicos “en igualdad de condiciones”.
El PP-A quiere que el Parlamento manifieste su “parecer desfavorable” ante la negativa del Gobierno a poner en marcha un fondo transitorio de nivelación mientras no se acuerde un nuevo modelo de financiación.
La PNL del Grupo Popular plantea también que la Cámara rechace el reparto del objetivo de déficit decidido por el Gobierno de España entre los distintos territorios, al considerar que “ha perjudicado a las comunidades autónomas y ha limitado su capacidad de gestión presupuestaria y financiera”.
En otro de sus puntos, el Grupo Popular pide que el Parlamento muestre su oposición a “la práctica de gobernar mediante presupuestos prorrogados”, argumentando que en esos casos “se impide una adecuada planificación económica del Estado” y “dificulta la programación de inversiones públicas estratégicas”, además de generar “incertidumbre institucional y económica” para administraciones, empresas y ciudadanos, recordando asimismo “la obligación legal y constitucional de hacerlo”.
El texto describe un “irresponsable incremento” de la deuda pública, que sitúa en “niveles próximos al conjunto del producto interior bruto nacional”, y advierte de que en ese escenario “se compromete la sostenibilidad futura de las finanzas públicas y se trasladan cargas financieras crecientes a las generaciones futuras”.
La PNL reclama igualmente un pronunciamiento contrario a “la presión fiscal” aplicada en los últimos ocho años, al considerar que “ha recaído especialmente sobre familias, trabajadores, consumidores, autónomos y empresas”, sobre quienes lamenta que “se les reduzca la renta disponible”, en el caso de los hogares, y se vea mermada la inversión y el crecimiento en el tejido productivo.
Entre las críticas a la política tributaria del Ejecutivo, el PP-A subraya “las subidas fiscales en frío” que achaca “la no deflactación de los principales impuestos” y a la ausencia de medidas para “proteger la renta disponible de los contribuyentes”.
La iniciativa popular incorpora también como reproche “los agravios en inversión pública estatal, que han perjudicado a Andalucía” debido a que la ejecución de los Presupuestos ha sido “inferior a la inicial” y a la registrada en otras comunidades, lo que, según sostiene, se ha traducido en una “penalización” en infraestructuras clave para su “conectividad territorial, la competitividad logística y la capacidad de atracción de inversiones”.
El Grupo Popular solicita, además, que la Asamblea autonómica censure “las deficiencias” en el reparto territorial de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su “falta de transparencia” en la asignación de los recursos, con el temor de que ello haya provocado “un reparto desigual de oportunidades entre territorios”.
El PP-A pretende igualmente que la Cámara critique “expresamente” los retrasos de España en el cumplimiento de sus compromisos con la Unión Europea en materia de “reformas estructurales, transposición de directivas comunitarias y cumplimiento de resoluciones judiciales en el ámbito económico y tributario”.
Otra de las peticiones del Grupo Popular al Pleno se dirige a reprochar al Gobierno que no haya abordado “con urgencia” la transposición completa al ordenamiento español de las directivas europeas pendientes en materia de IVA, al tiempo que reclama “simplificar” las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas para “evitar su discriminación” respecto al resto de Estados miembros.