El PSOE-A denuncia que la Junta está destruyendo el control previo de la Intervención y permite que se pase por encima a la Cámara de Cuentas.

Este miércoles, el Grupo Socialista criticó en el Pleno del Parlamento la postura del Gobierno andaluz respecto a las entidades encargadas de supervisar el gasto público, como la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas. La portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz, ha criticado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, por haber eliminado los controles previos, lo que, según ella, permitió que se llevaran a cabo contrataciones corruptas. También ha cuestionado la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y ha calificado a su presidente, Manuel Alejandro Cardenete, como «un bienmandado» al negarse a investigar, lo que, según Férriz, disminuye el prestigio de la institución. La consejera de Economía respondió a las dos últimas preguntas durante la sesión de control del Pleno del Parlamento, que tuvo lugar este miércoles, a diferencia de lo habitual que es en jueves. Las preguntas fueron sobre la supervisión realizada por el PSOE y el Grupo Por Andalucía. España ha recibido declaraciones de Férriz que durante la contratación en el ámbito sanitario durante la pandemia de coronavirus «dispusieron del dinero a su antojo», al mismo tiempo que ha defendido el papel de la Intervención General, que cuenta con «19 informes contundentes» que indican que «ustedes desviaron 1.500 millones», además de expresar su pesar porque «han debilitado la Intervención de Salud al quitarle competencias». Ha hecho una ironía respecto a la interrogante sobre «quién ha recibido» dicho control, y respondió que ha sido otorgado al interventor general, Miguel Ángel Figueroa Teva. Además, concluyó que «a este no lo van a quitar», ya que la Junta destituyó a su predecesora, María Antonia González Pavón. La portavoz adjunta del partido socialista ha calificado esto como «una conspiración de corrupción» y ha criticado a España por «usar todas las instituciones». Además, se ha preguntado «cómo tienen el valor de ir a Madrid a protestar y hablar de mafia o democracia» y ha predicho que «todo saldrá a la luz». Ha instado al Gobierno andaluz a que «trabaje en apoyo de los tribunales», al mismo tiempo que ha denunciado que «su corrupción en el sector sanitario se desarrolla en medio del dolor de los andaluces que enfrentan largas listas de espera.» El representante de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha señalado que la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz solicitó a la Cámara de Cuentas las prescripciones técnicas para revisar los contratos menores de 2022 y 2023. Sin embargo, España ha rechazado esta acusación, calificándola de «totalmente falsa», y ha afirmado que «no me he negado a proporcionar documentación», explicando que «siempre hemos colaborado con la Cámara de Cuentas al facilitar toda la información que se solicita».