El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 12 de marzo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que pretende exigir al Gobierno de la Junta que “derogue” la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y que presente “con carácter urgente un nuevo proyecto de ley” en esta materia que “garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general”.
Así se recoge en el texto de la iniciativa socialista, al que ha tenido acceso Europa Press, relativa a la “garantía efectiva del derecho a la vivienda en Andalucía”, que se debatirá en la próxima sesión plenaria.
La primera petición que formula la PNL es que el Parlamento inste al Ejecutivo andaluz a “reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible”, y a que se comprometa a “promover la derogación de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y a presentar con carácter urgente un nuevo Proyecto de Ley de Vivienda”.
El Grupo Socialista plantea que esa nueva regulación que reclama a la Junta “garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general y sitúe como prioridad absoluta el acceso a la vivienda pública y asequible de la juventud, las familias en situación de vulnerabilidad, los hogares monoparentales y demás colectivos con especiales dificultades, reforzando de manera decidida la promoción pública directa y la ampliación estructural del parque público de alquiler en Andalucía”.
En un segundo bloque, el PSOE-A propone que el Parlamento reclame al Consejo de Gobierno “multiplicar de forma sostenida la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto andaluz durante la próxima década, impulsando un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y consolide un parque estructural de alquiler asequible suficiente y permanente”.
Igualmente, pide que se refuerce “de manera decidida el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía como instrumento estratégico de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo al servicio del interés general, priorizando la construcción y el alquiler asequible frente a la enajenación de patrimonio público”.
La iniciativa socialista incluye también que la Junta ponga en marcha un “Plan Entrada Cero que facilite el acceso de la juventud a su primera vivienda protegida mediante la utilización de suelo público que garantice una reducción mínima del 15% en el precio final, complementada con una aportación autonómica adicional hasta alcanzar el 20% del valor de adquisición, evitando el desembolso inicial y asegurando la protección permanente de la vivienda”.
Asimismo, se reclama la creación de “un Fondo Público de Emancipación Juvenil que permita financiar hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual en el mercado libre mediante préstamo público sin intereses y con amplios plazos de amortización”.
La PNL del PSOE-A también propone que se inste a la Junta a “reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para reducir de forma significativa la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes; a revisar los módulos de precios máximos de la vivienda protegida eliminando la categoría más elevada y fijando parámetros que garanticen una diferencia real respecto a la vivienda libre y aseguren que el esfuerzo económico no supere el 30% de los ingresos familiares”.
Entre las restantes demandas al Ejecutivo autonómico se encuentra la de “declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares”, así como “impulsar un nuevo equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda que permita a los ayuntamientos limitar, suspender o condicionar nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas, establecer cupos y reforzar los mecanismos de inspección y control”.
Por último, el PSOE-A solicitará que el Parlamento exhorte al Gobierno andaluz a “garantizar la máxima transparencia, objetividad y agilidad en los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida, asegurando además la ejecución íntegra y eficiente de los fondos públicos destinados a políticas de vivienda”.
Exposición de motivos de la iniciativa socialista
En la exposición de motivos, el PSOE-A recuerda que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía “atribuye a la Comunidad Autónoma (andaluza) la responsabilidad de desarrollar políticas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad real y efectiva”, pero advierte de que “el acceso efectivo a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales que afectan a la ciudadanía andaluza, constituyendo un factor determinante de desigualdad social territorial y generacional”.
De este modo, la PNL detalla una serie de “datos (que) comprometen en Andalucía la emancipación juvenil, retrasa la formación de nuevos hogares, limita la movilidad laboral y genera situaciones de vulnerabilidad sobrevenida en amplios sectores de las clases medias y trabajadoras”.
El texto subraya que “el impacto de esta crisis no es homogéneo y afecta de forma especialmente intensa a la juventud, a los hogares con menores ingresos, a las familias monomarentales, a las personas mayores con pensiones reducidas, a las personas con discapacidad y a las mujeres víctimas de violencia de género que precisan soluciones habitacionales seguras estables inmediatas”.
Frente a esta “dura realidad”, el Grupo Socialista reprocha la “falta de respuesta” del Gobierno andaluz, que “en lugar de reforzar la construcción directa de parque público permanente, ha optado por una estrategia de confrontación política con el Gobierno de España en relación con la aplicación de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, rechazando instrumentos como la declaración de zonas tensionadas, y trasladando el debate al plano competencial en lugar de priorizar soluciones efectivas para la ciudadanía”.
Según la PNL, “esta dinámica de confrontación institucional no contribuye a ampliar la oferta pública ni a contener los precios, y termina situando a Andalucía en una posición de menor ambición protectora frente a una crisis que exige cooperación leal y compromiso real con el derecho a la vivienda”.
En la misma línea, el Grupo Socialista dirige sus críticas a la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, que “entró en vigor el 24 de enero de 2026 y fue aprobada únicamente con los votos” del PP-A en la Cámara autonómica, y que, a juicio del PSOE-A, “está basada en la primacía del mercado y en la renuncia a una intervención pública decidida frente a la crisis habitacional”.
La PNL sostiene que “bajo una retórica de impulso a la oferta y colaboración público-privada, descarta instrumentos eficaces de regulación en zonas tensionadas, trasladando la carga del problema a la dinámica especulativa del mercado”, y denuncia que “esta orientación política consolida un modelo que convierte un derecho básico de ciudadanía en un bien sometido prioritariamente a la lógica del beneficio económico, dejando sin respuesta estructural a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables en un contexto de máximos históricos de precios”.