García resalta la nueva figura de protección ZEPA que se impulsa para la Charca Suárez de Motril

La Junta impulsa la declaración ZEPA y la inclusión en Red Natura 2000 de la Charca Suárez, mientras Por Andalucía reclama más garantías ambientales.

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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado este miércoles la “potente figura de protección” que se está preparando para la Charca Suárez de Motril, en la costa de Granada, a través de su futura integración en la Red Natura 2000 y su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento andaluz, y respondiendo a una cuestión planteada por Por Andalucía, García ha explicado que el proyecto y su correspondiente plan de gestión se encuentran ya en fase de información pública, lo que supone, según ha señalado, un “refuerzo importantísimo a su protección”.

Al mismo tiempo, la responsable andaluza de Sostenibilidad ha remarcado que la Charca Suárez “tampoco puede impedir el desarrollo cuando tenga su nivel de protección”, insistiendo en el compromiso conjunto de la Junta y del Ayuntamiento de Motril, al que ha definido como administración “referente” en la gestión de este espacio natural.

“Si no se quisiera proteger este elemento, no se habría llevado a cabo la publicación del plan de gestión” y para declararlo ZEPA. “Serían cosas muy contradictorias”, ha aseverado García, defendiendo así la coherencia de la tramitación emprendida por la Administración autonómica.

Desde Por Andalucía, la parlamentaria Alejandra Durán ha aludido a estudios previos sobre la posible afección del proyecto de la Marina —en referencia al proyecto de puerto deportivo—, que, ha recalcado, cuenta con el respaldo del PP en el gobierno municipal de Motril, y ha reclamado una revisión más exhaustiva y actualizada que garantice que “no va a afectar a esta joya ecológica”.

Durán se ha interesado por las actuaciones que prevé la Consejería de Sostenibilidad para blindar la Charca Suárez y para frenar su “degradación”, subrayando que no se trata únicamente de un asunto ecológico, sino también “ético”, por la responsabilidad que atribuye al Gobierno andaluz en el contexto de la emergencia climática.