El Consejo de Gobierno de Andalucía ha expresado su ‘criterio desfavorable’ respecto a la consideración de la proposición de ley sobre el Derecho a la Vivienda introducida por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento.
La decisión fue adoptada por el gabinete del PP-A en su reunión del 16 de julio, tal como se refleja en un documento revisado por Europa Press y firmado por Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
En dicho documento, se revisa la legislación sobre vivienda en la región, mencionando el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que, ‘habiendo culminado el periodo de consulta pública previa, inició formalmente su tramitación mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2024’. Se señala que, durante el periodo de información pública del anteproyecto, se recibieron ‘numerosas aportaciones, sin que consten ninguna’ de Adelante Andalucía ‘relativa a la aprobación de una Ley de Derecho a la Vivienda’. También destacan que, ‘ante la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, por la situación de escalada de precios de la vivienda, y la necesidad de incrementar la oferta a precio asequible, el Gobierno andaluz (…), con la participación del sector, anticipó una serie de medidas propuestas en el anteproyecto de ley, que se materializaron en el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, que fue convalidado por el Parlamento de Andalucía en sesión plenaria de 5 de marzo de 2025’.
Por otra parte, se menciona que el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ha superado ‘distintos trámites’, y el pasado 7 de julio fue enviado al Consejo Consultivo de Andalucía, ‘para dictamen preceptivo y su posterior aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno y remisión al Parlamento de Andalucía’.
LA JUNTA ‘NO COMPARTE LAS PROPUESTAS’ DE LA LEY DE ADELANTE
El Ejecutivo andaluz aclara que la proposición de ley de Adelante pretende regular el acceso a la vivienda en Andalucía, considerándolo un derecho humano consagrado tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, lo cual obliga a los poderes públicos a asegurarlo, no solo como un mandato legal, sino también desde un enfoque ético y social. Sin embargo, indican que aunque ‘comparte el objetivo final’ de la propuesta, ‘no comparte las propuestas, a imagen y semejanza de la regulación estatal, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda’.
Además, reconocen la ‘importancia de desarrollar una normativa en esta materia con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda de los andaluces’, enfatizando la necesidad de contar con una normativa ‘rigurosa que dé cumplida respuesta a las necesidades que, en este ámbito de la vivienda, demanda la sociedad andaluza, como está realizando la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda’, según afirman desde la Junta.
Para justificar su ‘criterio desfavorable’, el Gobierno andaluz argumenta que la memoria económica de la iniciativa es ‘insuficiente, ya que pone de manifiesto’ que ‘no supone modificación alguna de los créditos presupuestarios ni una disminución de ingresos’. Advierten también que ‘las políticas que no lleven aparejado un compromiso económico pueden convertir la ley en una declaración eminentemente programática, por lo que es necesario que cuente con los mecanismos presupuestarios suficientes para que hagan viable y real su ejecución’.
Adicionalmente, consideran que la propuesta ‘puede afectar a aspectos regulados en las distintas normas citadas que constituyen el marco normativo vigente en materia de vivienda en Andalucía, así como al recién aprobado Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero’, y que esta iniciativa ‘se sitúa en el mismo ámbito de debate que el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, actualmente en tramitación’.
Por estas razones, el Consejo de Gobierno ha decidido expresar su ‘criterio desfavorable’ a esta proposición de ley presentada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, ‘por la falta de un análisis de impacto económico y de un estudio comparado de impacto normativo que evalúe su interacción con la legislación existente, lo que resulta esencial para asegurar la coherencia normativa’, concluye el acuerdo del Ejecutivo andaluz, que ha sido comunicado al Parlamento.