Este miércoles, desde el Gobierno de Andalucía se ha transmitido una firme oposición a la consolidación de un esquema de financiación distinto para Cataluña. Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del ejecutivo andaluz, ha declarado ante el Parlamento sobre los efectos del traspaso en la gestión de la Seguridad Social al País Vasco y la administración del IRPF y otros impuestos a Cataluña. ‘Suponen un ejemplo de bilateralidad que rompe la igualdad de las comunidades entre españoles’, ha expresado España, advirtiendo que esto podría llevar a un ‘sistema fragmentado por fidelidades políticas y privilegios para unos en contra de los otros’.
Ha reiterado el ‘compromiso inquebrantable del Gobierno andaluz de que no vamos a permitir que se imponga un modelo que, lejos de integrar a todos, segrega y crea españoles de primera y españoles de segunda’. Además, la Junta contempla presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra este tipo de financiación para Cataluña.
‘No permitiremos que se afiance, por medios legislativos y de facto, una financiación singular que signifique la pérdida de recursos vitales para atender las necesidades de Andalucía y que supone la creación de un sistema fiscal que ataca la estructura del estado de las autonomías de la España constitucional y un avance irreversible hacia la ruptura del pacto de solidaridad que ha sido la base de nuestro Estado y la base de nuestra convivencia’, ha declarado España.
Para la consejera, ‘estamos ante uno de los atentados más graves contra la unidad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, contra la Constitución y contra la propia democracia’. Ha acusado a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, de ser la ‘promotora’ de es ‘cupo indepedentista’ y claramente, ha demostrado que ‘no es de fiar’.
Por último, España ha criticado que ‘nos enfrentamos, una vez más, a la puesta en marcha de unos acuerdos que bajo el lema de financiación singular se traducen en una financiación privilegiada para el independentismo y concesiones’ para el País Vasco y Cataluña, ‘en detrimento del conjunto de las comunidades autónomas y en especial de Andalucía’.