QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Qué marca la ley y cómo deben actuar los centros
El caso de Sandra Peña, la niña de 14 años del colegio Irlandesas de Loreto que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar, ha reabierto el debate sobre la aplicación de los protocolos antiacoso en los centros educativos.
La familia sostiene que el colegio no activó ninguno de los mecanismos previstos y que solo separó a la menor de sus presuntas acosadoras, mientras la Consejería de Educación ha confirmado que el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía por una posible omisión de actuación.
Ante esta situación, conviene repasar qué pasos exige la Junta de Andalucía para prevenir, detectar y responder ante posibles casos de acoso entre alumnos.
Qué se considera acoso escolar
El protocolo autonómico define el acoso como una conducta intencionada, repetida y grupal que coloca al alumno en una posición de indefensión.
Puede manifestarse en forma de insultos, humillaciones, aislamiento, agresiones físicas o ciberacoso, y suele implicar a observadores pasivos que no intervienen.
El documento también subraya que estas situaciones afectan no solo a la víctima, sino también a los agresores -que aprenden a ejercer poder mediante la violencia- y al resto del grupo, que puede normalizar la injusticia si no se actúa.
Los 12 pasos del protocolo andaluz
El protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar consta de doce fases.
- Identificación y comunicación del caso, que puede hacer cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Traslado inmediato a la dirección del centro y comunicación a Inspección Educativa.
- Medidas urgentes de protección a la víctima y aviso a las familias implicadas.
- Recogida de información mediante observación, entrevistas y revisión de incidencias.
- Aplicación de medidas disciplinarias y correctoras adaptadas a la gravedad del caso.
- Comunicación formal a Inspección y a la Comisión de Convivencia, encargadas de supervisar la respuesta.
- Apoyo emocional y seguimiento psicológico de la víctima.
- Programas de reeducación para los agresores, que deben implicar también a sus familias.
- Sensibilización del grupo de iguales para romper el silencio que perpetúa el acoso.
- Evaluación final y seguimiento por parte de Inspección, que debe asegurar la continuidad de las medidas.
Medidas con los agresores
El protocolo establece que los centros deben trabajar de forma conjunta con las familias de los alumnos agresores.
Si persisten las conductas, se aplican sanciones educativas o disciplinarias, que pueden incluir amonestaciones, suspensión temporal de asistencia o programas de modificación de conducta.
En los casos más graves, el centro debe trasladar el expediente a las autoridades competentes.
“Funciona si se aplica”
El caso de Sandra Peña ha puesto en evidencia las grietas de un sistema que, según la Junta de Andalucía, “funciona cuando se aplica, pero fracasa cuando se ignora”.
Los protocolos existen, pero su cumplimiento depende de la vigilancia, la implicación de toda la comunidad educativa y una detección temprana de las señales.
