En Andalucía, el grupo de trabajo del Parlamento autonómico dedicado a combatir la violencia de género ha finalizado y aprobado su informe, que se discutirá y votará este martes, 29 de julio, en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Según se informó a Europa Press, el documento fue ratificado en una sesión el 16 de julio, con apoyo del PP-A, rechazo de Vox y abstenciones de PSOE-A y Por Andalucía.
El informe parte de la premisa de que «la violencia de género constituye una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres, y representa una vulneración de los derechos fundamentales que afecta a todas las sociedades, con independencia de su nivel de desarrollo, siendo un grave problema estructural al que no podemos permanecer ajenos».
El texto propone una serie de medidas orientadas a «contribuir, desde la escucha y el consenso, a una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas las mujeres en Andalucía», enfatizando que los datos «evidencian que la violencia de género no es un problema superado, sino que requiere una respuesta institucional firme, sostenida y coordinada».
Entre las «propuestas y recomendaciones» del informe se incluyen siete bloques temáticos que abarcan desde la «mejora de la coordinación institucional y territorial» hasta la «atención a colectivos especialmente vulnerables y ámbito rural». Se destaca la necesidad de «continuar fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas» y se subraya la importancia de «establecer sistemas más eficaces de derivación y seguimiento de casos».
CRÍTICAS A LA LEY DEL ‘SóLO SÍ ES SÍ’
El documento cuestiona la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como ley ‘del sólo sí es sí’, argumentando que ha provocado «importantes retrocesos en materia de protección a las mujeres». Solicita que «se adopten medidas oportunas para reparar, tratar de minimizar la revictimización y garantizar la protección de las mujeres víctimas de las nefastas consecuencias de la aplicación de la citada ley».
Asimismo, el informe enfatiza la ampliación de recursos en zonas rurales y la mejora en la estabilidad de los equipos profesionales. Insiste en la necesidad de «garantizar, con carácter urgente, la total implantación, dotación y funcionamiento efectivo de centros de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual», asegurando su «distribución territorial, financiación estable y gestión pública especializada y presencial».
El grupo de trabajo fue establecido el 18 de octubre de 2023, tras su aprobación por el Pleno del Parlamento a propuesta del PSOE-A. Desde entonces, ha llevado a cabo numerosas sesiones, contando con la participación de diversos profesionales y entidades especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.