El Parlamento de Andalucía ha decidido enviar al Consejo de Gobierno de la Junta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía. Esta propuesta busca la ‘recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz’ y ahora requiere la evaluación del Ejecutivo regional sobre si procede su consideración.
Según se detalla en un documento oficial consultado por Europa Press, la Mesa del Parlamento, en su sesión del 1 de octubre, fue informada por el presidente de la Junta Electoral de Andalucía sobre la satisfacción de los requisitos de recogida de firmas estipulados en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, para dar curso a esta ley enfocada en la sanidad.
‘Conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de la Cámara’, la Mesa acordó remitir la ILP al Consejo de Gobierno para que exprese su opinión sobre la consideración de la misma y su posible tramitación, especialmente si implica un aumento en los créditos o una reducción de los ingresos presupuestarios.
El texto de la Iniciativa Legislativa Popular señala que desde la investidura de Juanma Moreno en 2019, ‘se ha intensificado’ un modelo de gestión que favorece la colaboración público-privada en sanidad, lo que ha resultado en un ‘adelgazamiento progresivo’ del sector público y un aumento del privado. La exposición de motivos de la ILP critica este modelo y propone cambios legislativos que limiten la colaboración con el sector privado y fortalezcan el sistema público.
La propuesta de ley sugiere modificaciones a la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, para implementar controles sociales sobre las decisiones administrativas en sanidad, mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios sanitarios y regular el papel del sector privado en la atención sanitaria. Además, se busca garantizar una atención sanitaria primaria y hospitalaria eficiente, con tiempos de espera reducidos para consultas y operaciones quirúrgicas.
La ILP ahora espera la respuesta del Consejo de Gobierno, que determinará los próximos pasos para su posible aprobación y aplicación en el Parlamento andaluz.