Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación el martes sobre la situación de 91 familias en Écija (Sevilla), acusando al Gobierno andaluz de alinearse con la especulación inmobiliaria y un fondo buitre que, según ellos, ha relegado un derecho social para beneficiarse económicamente.
En un comunicado, IU ha revelado que Toni Valero, Engracia Rivera y Enrique Santiago, sus diputados nacionales, han presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados bajo el Grupo Plurinacional de Sumar. Esta propuesta busca obtener de parte del Gobierno central ‘información detallada y pronunciarse sobre la situación de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, sitas en calles Estatuto de Autonomía y La Lusiana de Écija’.
Según IU, estas viviendas fueron construidas en el año 2000 por Sedesa, empresa en la cual el Ayuntamiento tenía una participación mayoritaria. El control del municipio pasó del Partido Andalucista al PSOE en 2003, y en 2013, bajo la administración municipal de PP-PA, se liquidaron las empresas municipales, declarándolas en concurso voluntario de acreedores.
Destacan que las 91 viviendas protegidas ahora están en manos de un fondo de inversión que pretende venderlas a un precio triple al original, lo que IU considera una muestra de que la Junta de Andalucía permite que los fondos de inversión decidan quién puede o no acceder a una vivienda.
‘Esta lucha de años ha supuesto asambleas, manifestaciones tanto en Écija como en la sede del Gobierno de Andalucía y ante el ayuntamiento, preguntas vecinales en pleno, preguntas y mociones en el Parlamento de Andalucía, preguntas ante la visita del presidente Juanma Moreno a Écija, así como también la exploración y el desarrollo de la vía jurídica, y seguirán porque el acceso a la vivienda es un derecho, no un negocio’, han manifestado desde IU.
Además, recalcan la importancia de la actual Ley de Vivienda que limita la transferencia de viviendas de protección social a fondos de inversión y abogan por recuperar estas viviendas para un régimen de alquiler social o brindar soluciones habitacionales dignas a los afectados. La iniciativa presentada solicita al Gobierno central una valoración de la situación y las posibles medidas para abordar la crisis habitacional en Écija.
Finalmente, IU insta al Gobierno a utilizar todos los medios necesarios para asegurar que estas viviendas vuelvan a ser parte del régimen de alquiler de protección social o condiciones similares.