Los diputados de IU integrados en Sumar, Enrique Santiago y Juan Antonio Valero, han registrado este jueves en el Congreso varias preguntas dirigidas al Ejecutivo en las que reclaman responsabilidades por las “numerosas falsedades” que el Ministerio del Interior remitió en febrero a la Cámara sobre el fallecimiento de Hitam Mejri el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga), después de una actuación de la Policía Nacional en la que se utilizaron dispositivos táser y otros medios de sujeción.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, subrayan que la muerte se produjo tras una parada cardiorrespiratoria durante una intervención policial iniciada a raíz de un aviso que alertaba de un supuesto robo con violencia.
De acuerdo con la versión policial, cuando los agentes llegaron al establecimiento el ciudadano marroquí estaba retenido en el interior y presentaba un fuerte estado de excitación, por lo que fue inmovilizado mediante el uso de pistolas táser. Tras la actuación, entró en parada cardiaca y, pese a las maniobras de reanimación, falleció en el propio locutorio. Su familia sostuvo entonces que la intención del fallecido no era robar y tildó la intervención de los agentes de “desproporcionada”.
Interior defendió que “se cumplieron escrupulosamente las directrices”
Tras conocerse el caso, los parlamentarios de IU registraron el 11 de diciembre varias cuestiones dirigidas al Gobierno para aclarar los protocolos de actuación de los agentes, si el empleo de los dispositivos eléctricos se ajustó a la normativa, si los funcionarios contaban con formación específica y si Interior había abierto una investigación interna.
En su contestación escrita, remitida en febrero, el Ministerio del Interior afirmó que los policías actuantes “cumplieron escrupulosamente” las directrices generales sobre el uso del táser, que la descarga fue “por contacto, que es la menos lesiva”, y que se aplicó en “hombro y pierna”.
Asimismo, Interior sostuvo que la intervención se adecuó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, en el contexto de la detención de una persona que presuntamente habría cometido un delito grave y que “desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes”.
Los vídeos ponen en entredicho la versión oficial
Sin embargo, IU ha puesto en duda esa versión tras la difusión de las grabaciones de los hechos de diciembre, publicadas por eldiario.es, en las que se observa cómo los agentes propinan al fallecido múltiples descargas en la zona lumbar, le golpean y le mantienen reducido durante varios minutos.
Los diputados de Sumar reprochan al Gobierno de coalición que la adecuación de la actuación policial a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que Interior defendió en febrero “no coincide con lo que se aprecia en las imágenes” ahora conocidas y que la afirmación de que el fallecido “desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes” resultaría “presuntamente falsa”, dado que en los vídeos se escucha a la víctima manifestar que quería “colaborar” y “no quería morir”.
IU también centra sus críticas en otro punto de la respuesta del Ejecutivo, en la que se señalaba que los policías habían recibido un curso de formación específico. A partir de ese dato, sostiene que, si se da por buena dicha capacitación, “se podría concluir que no ha habido imprudencia, sino una actuación conscientemente dolosa con resultado de muerte”.
Por todo ello, teniendo en cuenta la apertura de una actuación por parte de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, la emisión de un informe técnico-policial de la Policía Científica y que los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, los diputados interpelan al Gobierno sobre si considera que la actuación policial fue correcta y se ajustó a la legalidad vigente y si respalda los informes que avalan esa intervención.
Además, preguntan si el Ejecutivo prevé incoar un procedimiento disciplinario y suspender de manera provisional de servicio a los agentes implicados, qué medidas adoptará para garantizar que las contestaciones a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la “veracidad y exactitud debidas evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos” y si exigirá responsabilidades a quienes redactaron la respuesta de febrero, “considerando las numerosas falsedades que contiene”.