Sumar, siguiendo una propuesta de Izquierda Unida (IU), ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados solicitando al Gobierno central la implementación de un «plan urgente que garantice alternativas habitacionales dignas y adecuadas para los temporeros que trabajan en la provincia de Huelva, especialmente en las campañas agrícolas de recolección».
Los diputados Toni Valero y Engracia Rivera han planteado una pregunta sobre el avance de la línea 13.4 del Marco de Actuaciones Socioeconómicas para Doñana, que implica la mejora del acceso a vivienda «digno» para temporeros, incluyendo la construcción y rehabilitación de viviendas, intermediación especializada, una red de albergues y «a corto plazo, la instalación de módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica».
Con un presupuesto de 246.753 euros por parte del Gobierno y la Junta de Andalucía, Sumar busca conocer el estado de ejecución y las acciones ya implementadas. La iniciativa también resalta la «denuncia de la vulneración de derechos humanos que sufren centenares de personas migrantes», que enfrentan condiciones de vida precarias en asentamientos informales.
La propuesta en el Congreso sugiere una coordinación entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos para asegurar recursos «suficientes» y combatir la exclusión residencial. También se recomienda trabajar con organizaciones sociales y mejorar los recursos de vivienda en los planes de migración y acogida.
David F. Calderón, de IU en Huelva, ha criticado que «la situación en los asentamientos chabolistas constituye una vulneración sistemática de los derechos humanos y un reflejo del fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda, migración y derechos laborales». Subrayó la necesidad de que el Gobierno proponga soluciones habitacionales que mejoren la situación, calificándola de «vergüenza internacional».
Izquierda Unida ha reiterado la necesidad de una intervención «directa» del Estado y ha denunciado tanto la inacción del Gobierno andaluz como de algunos ayuntamientos. Buscan que el Congreso promueva políticas que erradiquen el chabolismo y aseguren el derecho a una vivienda digna.