QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha compartido en una comisión parlamentaria las «nuevas actuaciones» que el ejecutivo regional está implementando para abordar los problemas relacionados con los olores y la calidad del aire en la barriada Guadalquivir, en Coria del Río. García anunció que tras más de dos meses realizando mediciones ambientales, se ha decidido extender esta campaña utilizando tecnología avanzada y nuevas herramientas. El informe completo se hará público en septiembre. Por su parte, el PSOE ha criticado a la Junta por crear «datos, informes, autos judiciales, sentencias, pruebas clínicas, testimonios vecinales» y optar por «construir un relato alternativo, negar, minimizar y eternizar los trámites», exigiendo la dimisión de la consejera.
En su declaración, García destacó que se está utilizando una unidad móvil para la medición de la calidad del aire, que incluye sensores para detectar compuestos orgánicos volátiles y mercaptano, entre otros. Esta unidad se instaló el 12 de mayo y está recopilando datos continuamente desde el 15 de mayo. Además, se están llevando a cabo análisis complementarios en diferentes puntos del municipio a través de sondas ambientales, analizadores portátiles y captadores difusivos, ampliando así el alcance de las investigaciones más allá de la ubicación de la unidad móvil.
«La población merece respuestas serias, basadas en datos. Por eso hemos reforzado los controles y redoblado los esfuerzos para encontrar soluciones sostenibles y seguras», enfatizó García, señalando la importancia de la «transparencia» y el «rigor técnico» en el manejo del caso. Además, se han planificado nuevas mediciones que incluirán captadores difusivos de sulfuro de hidrógeno, lo que permitirá evaluar la necesidad de extender el periodo de medición y las posibles medidas a implementar.
La consejera también hizo énfasis en el compromiso de mantener informada a la comunidad y en la coordinación con otras administraciones. Repasó la cronología de los hechos que comenzaron con quejas vecinales en 2015 y la primera intervención municipal en 2018. Después de una declaración judicial en 2024, se desestimó el proyecto voluntario de recuperación del suelo contaminado y se estableció un nuevo marco de trabajo con un grupo técnico liderado por García, que incluye a todas las administraciones relevantes.
Rafael Recio, del PSOE, cuestionó la gestión de la Junta, acusándola de desentenderse de los problemas mientras «los técnicos medían y los laboratorios detectaban». Recio reclamó justicia para los vecinos, desconfiando de las acciones del gobierno regional y solicitando la renuncia de la consejera.
