El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expresado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que al ejecutar la Ley Orgánica 1/2025 sobre eficiencia judicial, la administración andaluza se ha enfrentado a enormes retos, describiendo la situación como «con la soga al cuello, sin recursos, sin dinero y sin asistencia». Esta ley ha representado la renovación más significativa en el sistema judicial «desde hace 58 años».
Nieto ha detallado que todos los 9.200 empleados de la justicia en Andalucía han tenido que cambiar de puesto como parte de este proceso que inicialmente ha impactado a 70 de los 85 partidos judiciales. Adicionalmente, antes del 1 de octubre, se reorganizarán los partidos judiciales de Torremolinos, Benalmádena y Marbella en Málaga, con una expansión planeada hacia las capitales de provincia, Algeciras, Jerez de la Frontera y Motril que finalizará el 31 de diciembre.
«Se trata de una transformación integral», indicó Nieto, quien ha hecho un llamado al Ministerio por una mayor colaboración, criticando la falta de apoyo económico del Gobierno de España, «ni un solo euro ha puesto el Gobierno de España para la implementación de esta ley», y destacando la relación fiscal desequilibrada como «una vez más en el yo invito y tú pagas».
El consejero también ha mencionado la creación de servicios comunes para el Tribunal de Instancia y los nuevos Servicios de Ejecución para manejar el volumen de sentencias pendientes de ejecutar. Ha resaltado el esfuerzo por negociar las 70 RPT de los partidos judiciales que se están transformando, junto con las organizaciones sindicales, implicando una inversión de 3,6 millones de euros, dentro de un total de 20,72 millones de euros presupuestados.
Finalmente, Nieto ha compartido palabras de elogio hacia el esfuerzo colectivo, «Creo que se ha hecho un buen trabajo y tenemos la obligación de felicitar a todas las personas que han participado en él», concluyendo con las felicitaciones recibidas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y de la fiscal superior, Ana Tárrago.