QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El gobierno de Andalucía ha expresado su ‘criterio desfavorable’ frente a la consideración de la propuesta de ley sobre el Derecho a la Vivienda introducida por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento.
Esta postura fue adoptada por el gobierno del PP-A en una reunión realizada el 16 de julio, reflejada en un documento oficial firmado por Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, según un documento revisado por Europa Press.
El documento menciona que el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que ‘habiendo culminado el periodo de consulta pública previa, inició formalmente su tramitación mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2024’, ha sido enriquecido con ‘numerosas aportaciones, sin que consten ninguna’ de Adelante Andalucía ‘relativa a la aprobación de una Ley de Derecho a la Vivienda’. En respuesta a ‘la situación de escalada de precios de la vivienda, y la necesidad de incrementar la oferta a precio asequible’, el gobierno andaluz anticipó medidas urgentes que se consolidaron en el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, avalado por el Parlamento de Andalucía el 5 de marzo de 2025.
El gobierno andaluz recalca que la propuesta de Adelante ‘pretende regular el derecho a acceder a una vivienda en Andalucía, entendiendo que es un derecho humano consagrado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, por lo que los poderes públicos deben hacerlo efectivo, no sólo como mandato jurídico, sino desde las convicciones éticas y sociales’. A pesar de coincidir en el objetivo final de la iniciativa, el gobierno ‘no comparte las propuestas, a imagen y semejanza de la regulación estatal, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda’.
El Consejo de Gobierno andaluz justifica su ‘criterio desfavorable’ debido a que la memoria económica de la proposición ‘es insuficiente’ y sugiere que la ley podría ser ‘una declaración eminentemente programática’ sin un respaldo económico adecuado. Además, advierte que la propuesta podría interferir con el marco normativo vigente y con el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero.
