Loles López, consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, ha declarado recientemente que la administración regional proporciona igualdad de acceso a recursos sociales y educativos a todos los niños extutelados, da igual el color de la piel, en respuesta a las críticas de Vox sobre la discriminación que, según ellos, favorecen las normativas vigentes a los jóvenes migrantes que han estado bajo tutela.
En su confrontación con Vox, López ha argumentado que, contrariamente a lo que afirma el partido, no todos los menores migrantes son delincuentes, como afirman ustedes, ni todos son mercancía, como los trata Pedro Sánchez, haciendo referencia a la política del gobierno central sobre el reparto de menores migrantes solos, que sobrecargan los servicios en Canarias.
Por su parte, la diputada de Vox, Purificación Fernández, ha denunciado que el gobierno del PP en Andalucía está convirtiendo Andalucía en un refugio para la inmigración ilegal, financiado por aquellos que cumplen la ley y trabajan diariamente. Fernández ha criticado duramente a la consejera de Igualdad, acusándola de destinar millones de euros, especificamente más de ocho millones, en alojamiento y manutención para ofrecer un todo incluido a jóvenes extranjeros mayores de edad y que ingresaron de forma ilegal, y que deberían ser responsabilidad del gobierno de Sánchez.
Además, Fernández ha argumentado que el gobierno del PP ha optado por mantener a estos jóvenes hasta los 25 años, cuando según la ley, la Junta de Andalucía solo debería encargarse de los menores extranjeros no acompañados hasta los 18, una norma que, según ella, no se está cumpliendo. Ha calificado estas acciones no como un acto de solidaridad, sino como un efecto llamada financiado con dinero público.
Fernández ha exigido a Moreno que reforme la Ley de Infancia de Andalucía y la Renta Mínima de Inserción, para no priorizar a los migrantes extutelados sobre los jóvenes andaluces, y ha pedido la deportación de todos los inmigrantes ilegales para detener este efecto llamada.