QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha hecho un llamamiento para “no criminalizar y no caer en tópicos” respecto a los menores infractores, señalando que “podrían ser mi hijo o el de cualquiera”. Además, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de continuar prestando servicios en el Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) ubicado en el distrito malagueño de Churriana.
Esta declaración fue hecha por Nieto en una comisión del Parlamento andaluz, respondiendo a una consulta del diputado socialista por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien reconoce la necesidad de estos centros, aunque cuestiona la ubicación seleccionada, argumentando que es un área residencial “consolidada” y expresó que “nos parecía inadecuada”.
Nieto informó sobre la inauguración del centro en junio, que completa la red de instalaciones del sistema de Justicia Juvenil andaluz. Aseguró que, según los últimos informes y la documentación proporcionada por el Ayuntamiento sobre la gestión del centro, “no tenemos constancia de que haya habido ningún tipo de negativa o de incumplimiento de ninguna norma sectorial”.
Reiteró que el objetivo es mantener el contrato con la entidad adjudicataria y continuar atendiendo a los menores allí alojados, destacando que Málaga “era la única provincia que carecía de esta infraestructura, pese a que ésta era la procedencia de la mayoría de los menores con medidas de internamiento”, lo que suponía un “drama” para las familias que debían desplazarse para mantener contacto con sus hijos, complicando así su reinserción.
El CIMI de Málaga, con 50 plazas disponibles, es gestionado por Adis Meridianos y cuenta con un equipo de 92 profesionales entre docentes, sanitarios y psicólogos, entre otros. El edificio está diseñado para adaptarse a diversos regímenes judiciales y promueve la convivencia y autonomía de los menores. El programa educativo del centro incluye formación reglada y talleres ocupacionales.
Por otro lado, el representante del PSOE criticó la ubicación del centro por su proximidad a instalaciones educativas y la falta de consulta a los vecinos, mientras que la vocal de Vox, Purificación Fernández, acusó a la Junta de generar problemas con la imposición de este modelo. Nieto, por su parte, defendió que el procedimiento seguido es habitual en proyectos públicos y que, pese a las quejas iniciales, la situación se ha normalizado.
