La Junta propone adaptar las becas estatales al lugar de estudio para afrontar los costes de alquiler

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamanos, ha propuesto este martes que las becas estatales para universitarios consideren el lugar de estudio con el objetivo de aliviar las dificultades que enfrentan los jóvenes al buscar alojamiento. En Andalucía, Gómez Villamandos ha identificado a Sevilla y Málaga como las provincias más problemáticas en este aspecto.

Respondiendo a una consulta del grupo parlamentario Por Andalucía, el consejero ha comentado que el asunto del alquiler está contemplado ‘hasta donde se puede’ en la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) y ha reconocido que la administración regional ‘no tiene infraestructura para ayudas directas’ en este ámbito. Sugiere que el estado podría ajustar la asignación de becas al estilo de las Erasmus, variando la cuantía según el destino.

Además, Gómez Villamanos ha subrayado que la Junta está promoviendo la creación de residencias universitarias en diferentes provincias mediante colaboraciones público-privadas. Ya se ha inaugurado una en Huelva con un aporte de 6,6 millones de euros del Fondo de Desarrollo Urbano, y están en proceso proyectos similares en Granada y Cádiz.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado que tres de cada cuatro estudiantes en Andalucía están dispuestos a desplazarse para cursar los estudios de su elección. En la Universidad de Sevilla, casi el 25% de los estudiantes andaluces proviene de otras provincias, lo que destaca la importancia de la movilidad interprovincial y los desafíos económicos asociados para las familias.

Finalmente, Gómez ha recordado que los precios del alquiler en la región ‘han registrado un aumento significativo, con un crecimiento interanual de hasta el 12% en los últimos años, según los datos últimos de septiembre de 2025’. En particular, en Málaga y Sevilla, la situación es especialmente crítica, con precios que dificultan la accesibilidad a viviendas incluso compartidas por menos de 500 o 600 euros.