La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, órgano que asume las competencias de la Cámara cuando esta está disuelta por la convocatoria de elecciones autonómicas del 17 de mayo, ha dado este jueves luz verde a dos decretos-leyes centrados en la función pública y en las licencias de caza y pesca.
Este órgano parlamentario, encargado de salvaguardar las atribuciones del Parlamento en periodos vacacionales o, como en este caso, cuando la Cámara ha sido disuelta o ha concluido la legislatura y hasta la constitución del nuevo Parlamento, se ha reunido a partir de las 12,00 horas para debatir y votar la convalidación de ambas normas.
Licencias interautonómicas de caza y pesca
El primero de los textos es el Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, que introduce medidas administrativas y fiscales urgentes para implantar las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales, así como para impulsar la actividad cinegética en Andalucía. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha sido la encargada de defenderlo ante la Diputación Permanente, logrando el respaldo de PP-A, PSOE-A y Vox, mientras que Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.
Con este decreto se ajusta la normativa autonómica al convenio recientemente firmado entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas. Dicho acuerdo define un sistema homogéneo de licencias válido en diez territorios, de forma que una sola licencia permitirá a su titular practicar la caza en todas sus modalidades y la pesca fluvial en las comunidades adheridas, sin tener que realizar gestiones adicionales en cada una de ellas.
Cambios en la Ley de Función Pública andaluza
El segundo texto convalidado es el Decreto-ley 3/2026, de 11 de marzo, que modifica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, junto con otras disposiciones en materia de empleo público, con el objetivo de reforzar los servicios públicos esenciales tras los recientes episodios meteorológicos sufridos en la comunidad. En este caso, han votado a favor PP-A y Vox, el PSOE-A se ha abstenido y Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han mostrado su rechazo.
Este decreto, presentado ante la Diputación Permanente por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que modifica la Ley andaluza de la Función Pública busca “agilizar” los mecanismos previstos en dicha normativa “para poder disponer de los recursos humanos necesarios para gestionar, con la mayor celeridad y garantías jurídicas, las medidas de recuperación puestas en marcha por la Junta tras la emergencia provocada por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026”, según informó el Consejo de Gobierno tras su aprobación el pasado 11 de marzo.
El Estatuto de Autonomía andaluz establece que los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Gobierno “quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad”.
La convalidación de estos decretos estaba inicialmente prevista en el Pleno fijado para el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, pero la disolución del Parlamento, acordada el martes tras el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el lunes anterior sobre la convocatoria de elecciones autonómicas para el 17 de mayo, obligó a trasladar el debate a la Diputación Permanente.