El Parlamento de Andalucía ha convocado para este jueves, 26 de marzo, una reunión de su Diputación Permanente con el fin de someter a la previsible convalidación dos decretos-ley que estaban llamados a debatirse esta semana en el Pleno, de no haberse producido la disolución de la Cámara autonómica tras la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de mayo.
La Diputación Permanente, órgano encargado de salvaguardar las competencias del Parlamento en periodos inhábiles o, como en esta ocasión, cuando la Cámara ha sido disuelta o ha finalizado la legislatura hasta la constitución del nuevo Parlamento, se reunirá a las 12,00 horas de este jueves en la sala de la Junta de Portavoces, según consta en la agenda parlamentaria consultada por Europa Press.
El orden del día de esta sesión incluye un único punto, relativo a la convalidación o derogación de dos decretos-ley aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz durante el presente mes de marzo.
El primero es el Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, que introduce medidas administrativas y fiscales urgentes para implantar las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para impulsar la actividad cinegética en la comunidad andaluza.
El segundo es el Decreto-ley 3/2026, de 11 de marzo, que modifica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, así como otras disposiciones en materia de empleo público, con el objetivo de asegurar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos registrados en la región.
El decreto relativo a las licencias de caza y pesca adapta la normativa autonómica al convenio firmado recientemente entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas. Dicho acuerdo establece un sistema común de licencias válido en diez territorios, de forma que una sola licencia permitirá a su titular practicar la caza en todas sus modalidades y la pesca fluvial en las comunidades adheridas, sin necesidad de realizar gestiones adicionales en cada una de ellas.
En cuanto al decreto que reforma la Ley andaluza de la Función Pública, su finalidad es “agilizar” los mecanismos previstos en dicha normativa “para poder disponer de los recursos humanos necesarios para gestionar, con la mayor celeridad y garantías jurídicas, las medidas de recuperación puestas en marcha por la Junta tras la emergencia provocada por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026”, según explicó el Consejo de Gobierno tras su aprobación el pasado 11 de marzo.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que los decretos-ley aprobados por el Consejo de Gobierno “quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad”.
Consecuencias de la disolución del Parlamento en la actividad legislativa
El Pleno del Parlamento tenía previsto celebrar entre este miércoles y este jueves una sesión en la que, además de la convalidación —previsible dada la mayoría absoluta del PP-A en la actual legislatura— de los dos decretos citados, se iban a celebrar los debates finales de cuatro proyectos de ley.
En concreto, el Pleno estaba llamado a aprobar los proyectos de ley para la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, así como las leyes para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía y del Turismo Sostenible de Andalucía.
Los debates finales de estas cuatro iniciativas legislativas han decaído y su aprobación queda en suspenso después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decidiera el pasado lunes disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.