El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor este miércoles la “lealtad y cooperación institucional” que la Junta mantiene con el resto de administraciones, especialmente con los ayuntamientos, en la gestión de la emergencia generada por el encadenamiento de borrascas. Ha recalcado que “esa misma lealtad y cooperación guía el Plan Andalucía Actúa para la recuperación de las zonas afectadas”. El Gobierno andaluz ha habilitado ya los primeros 35 millones en ayudas directas, disponibles desde el 24 de febrero, para que los consistorios puedan reparar infraestructuras públicas y restablecer servicios de su competencia.
Nieto ha incidido en que, igual que ocurrió tras la DANA de 2024, la Junta no va a dejar desatendidos a los municipios y “de manera inmediata” ha movilizado 1.780 millones para iniciar la reparación de numerosas infraestructuras dañadas, entre ellas carreteras, caminos rurales, vías pecuarias, centros sanitarios y educativos o instalaciones hidráulicas. Una vez superada la fase estricta de emergencia, ha señalado que “toca actuar y poner en marcha la fase de recuperación”. “Creo que las distintas Administraciones hemos dado ejemplo en la emergencia en la que la prioridad era salvaguardas las vidas humanas y espero que todos seamos ejemplo también a la hora de la recuperación en el marco de nuestras competencias”, ha remarcado en la comisión parlamentaria, según una nota difundida por la Junta.
En esta línea, ha subrayado la “celeridad” con la que se está desplegando el Plan Andalucía Actúa. El Consejo de Gobierno acordó el 18 de febrero la declaración de situación de excepcionalidad y, con ella, el denominado Decreto DANA, con efectos en todo el territorio andaluz, apenas cinco días después de darse por concluida la emergencia meteorológica. Esta declaración permitió activar de inmediato los primeros recursos, entre ellos los 35 millones en subvenciones directas a los ayuntamientos afectados para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, conservación especial o limpieza de infraestructuras e instalaciones públicas donde ejerzan sus competencias o presten servicios municipales.
Tras su publicación en el BOJA el 23 de febrero, al día siguiente se abrió el plazo para que los municipios presenten sus solicitudes a través de las Delegaciones del Gobierno de la Junta en cada provincia, acompañadas de una valoración técnica y económica de los desperfectos. En estos momentos, los consistorios están terminando de cuantificar los daños, las diputaciones provinciales prestan apoyo a las localidades más pequeñas y los técnicos realizan las inspecciones necesarias. Son numerosos los datos que deben recabarse para que las entidades locales trasladen con precisión sus necesidades, ha apuntado Nieto.
Con las evaluaciones de daños aportadas por los ayuntamientos, las delegaciones de la Junta elaborarán una memoria descriptiva que remitirán al órgano competente en materia de Protección Civil en un plazo máximo de cinco días. Este dispondrá de otros cinco días para emitir el informe que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias elevará al Consejo de Gobierno, que será el que apruebe el reparto de las ayudas por municipios y la cuantía que corresponderá a cada uno. A partir de ese momento, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asumirá la tramitación de las subvenciones, que deberán llegar a los ayuntamientos en un plazo máximo de tres meses.
El consejero ha señalado además que, una vez resueltas las solicitudes, los consistorios podrán solicitar anticipos y se ha relajado la exigencia de disponer de un Plan de Actuación Local, con el fin de no dejar fuera a ninguna localidad afectada. Paralelamente, la Consejería de Agricultura ha activado fondos específicos para la reparación de caminos rurales, la Consejería de Fomento ha puesto en marcha el 85% de las intervenciones previstas en las carreteras autonómicas dentro de un primer plan de choque y se han ejecutado más de medio centenar de obras de urgencia en centros educativos.
Asimismo, se han activado líneas de apoyo para los sectores más perjudicados, como los trabajadores del campo, que desde abril podrán solicitar subvenciones directas por las pérdidas en explotaciones agrarias y ganaderas (700 millones); el sector pesquero (31 millones); y las pymes y autónomos (50 millones). Con este calendario, se prevé que las ayudas comiencen a abonarse entre mayo y junio. “Desde el Gobierno andaluz hemos estado desde el minuto uno con los afectados y les garantizo que nos vamos a dejar la piel para que la recuperación se materialice lo antes posible”, ha concluido.