La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, expuso este jueves en el Parlamento andaluz la postura de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que han solicitado al Gobierno central la elaboración de una nueva Ley de Costas que tenga en cuenta la realidad territorial actual y que proporcione “mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas vinculadas al litoral”.
Durante la sesión de control del Pleno, García recordó que el marco legal vigente se aprobó hace varias décadas y que, desde entonces, la configuración territorial y ambiental del litoral español ha sufrido “cambios profundos que aconsejan revisar las herramientas de gestión disponibles”.
En esta línea, la consejera apuntó que la transformación de la costa y los impactos derivados del cambio climático obligan a replantear parte de la normativa. Subrayó que en numerosos puntos del litoral se registran procesos de regresión de playas y de erosión costera, “circunstancias que exigen políticas públicas capaces de dar respuesta a una realidad cambiante”, ha afirmado.
García incidió en que uno de los asuntos que más inquietud ha generado en distintos territorios es la política de deslindes aplicada en algunos tramos del litoral, que en ciertos casos ha afectado a núcleos tradicionales, viviendas y actividades económicas asentadas desde hace años.
Por ello, defendió avanzar hacia un nuevo marco legal que recoja la diversidad territorial del litoral español y que compatibilice la protección ambiental con la seguridad jurídica de la población. “La protección del litoral es irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor”, ha añadido.
La titular de Sostenibilidad señaló igualmente que la regulación actual debe acomodarse a la realidad territorial y al reparto competencial vigente, considerando el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la ordenación del territorio y en la defensa del medio ambiente.
En su intervención, insistió en que el litoral es “un espacio de gran valor ecológico, social y económico que requiere instrumentos de gestión eficaces y actualizados”. Remarcó, además, que varias comunidades autónomas han pedido la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar de forma coordinada los desafíos del litoral y abrir un proceso de diálogo institucional con el Ejecutivo central.
En este contexto, Catalina García trasladó el rechazo del Gobierno andaluz a la modificación del Reglamento General de Costas y a la modificación del Reglamento de Estrategias Marítimas. “Estas modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad territorial de nuestras costas”, ha expresado.
A su entender, cualquier reforma normativa en un ámbito tan sensible debe contar con la implicación directa de las comunidades autónomas. “Las decisiones sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas”, ha sostenido.
SITUACIÓN EN DOÑANA
En el mismo debate, la consejera se refirió a un caso concreto que, según el Gobierno andaluz, ejemplifica las dificultades derivadas de la aplicación del marco legal vigente: el deslinde aprobado por el Estado en el entorno de Doñana, que ha incorporado al dominio público marítimo-terrestre una amplia extensión de marismas.
Catalina García aseguró que esta decisión ha provocado una gran inquietud entre propietarios, agricultores y administraciones locales de la zona, al repercutir sobre terrenos que durante décadas han mantenido determinados usos.
Ante esta situación, anunció que la Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra dicho deslinde. Defendió que cualquier delimitación del dominio público marítimo-terrestre debe basarse en criterios estrictos y en un conocimiento detallado del funcionamiento real del territorio.
“Las decisiones sobre espacios tan valiosos como Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación”, ha dicho.
Recalcó igualmente que la postura de la Junta no pone en cuestión la necesidad de preservar Doñana, considerado uno de los espacios naturales más relevantes de Europa, sino que pretende asegurar que las decisiones que se adopten se ajusten a la realidad ecológica y geomorfológica del entorno.
En esta línea, reiteró que la defensa del litoral y de los ecosistemas costeros se integra en las políticas que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente impulsa en Andalucía. “Nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas costeros es firme y forma parte de las prioridades de nuestra acción de gobierno”, ha concluido.