La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha presentado en el Parlamento las principales conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, “Andalucía frente al Acoso”, celebrado en Córdoba a finales de enero. Según ha subrayado, la Junta ha dado “un paso de gigante” al poner sobre la mesa esta “triste realidad” mediante la organización de estas jornadas.
En su intervención en el Pleno, a raíz de una pregunta del PSOE, Castillo ha avanzado que su departamento analizará una modificación del reglamento para que la sanción habitual al agresor sea el traslado obligatorio a otro centro educativo. La finalidad es “reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar”.
La consejera ha recordado que, “aunque el sistema educativo andaluz cuenta con una estructura robusta de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes, también es verdad que este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante”.
Castillo ha concretado algunas de las líneas de trabajo para configurar un nuevo marco frente al acoso y al ciberacoso. Entre ellas, se incluye fijar una edad mínima para que niños y adolescentes puedan acceder a las redes sociales, siguiendo el ejemplo de países como Australia, así como impulsar un debate jurídico sobre la posible tipificación del acoso escolar como delito.
Asimismo, ha planteado intensificar los sistemas de alerta previstos en los protocolos, de modo que las denuncias de las familias o de cualquier miembro de la comunidad educativa se trasladen a la Inspección educativa desde el primer momento. Con ello se pretende reforzar el asesoramiento y el seguimiento individualizado de cada caso, al margen de que el conflicto pueda resolverse dentro del propio centro con la implicación de las familias.