La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha instado este martes a que otras administraciones se impliquen económicamente y participen en las labores de identificación de restos de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Universidad de Granada (UGR), con la que el Gobierno andaluz mantiene un convenio específico para estas actuaciones.
En una comparecencia en comisión parlamentaria, Del Pozo ha detallado que la Junta está llevando a cabo exhumaciones "a muchísima velocidad. Llevamos más de 5.000 cuerpos en Andalucía y 7.000 identificaciones genéticas, y el 93% de las esas identificaciones las paga la Junta de Andalucía". Ha subrayado además que "exhuman todas las administraciones pero la identificación la hacemos nosotros en Granada. Se evitaría el colapso del que ustedes hablan --en alusión a la oposición-- si cada administración tuviera un convenio, aportara fondos y se buscaran otras alternativas que no recayeran sólo en Granada".
La diputada socialista Isabel Ambrosio ha reclamado al Ejecutivo de Juanma Moreno que "sea valiente". "Si no están cómodos con la Ley de Memoria Democrática, deróguenla, pero es una falta de respeto a las miles de familias que estaban esperando a que Andalucía cumpliera con esa Ley y que le pudieran devolver la dignidad, ya que no le van a poder devolver los años de dolor y sufrimiento".
Por parte de Vox, han reiterado que su grupo "se opone a lo que consideramos una manipulación de la historia de España, y más concretamente de Andalucía", y han remarcado que "hemos logrado derogar tres leyes de memoria", citando los casos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Ante estas críticas, la consejera ha respondido que "nosotros --ha replicado la consejera-- nunca hemos estado de acuerdo con las leyes de parte en memoria democrática. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero eso no tiene que tener como consecuencia que no compartan algo que es de humanidad. No se puede construir cuando hay miles de familias que todavía buscan a sus seres queridos. Es una obligación moral que tenemos los españoles. Punto y final".