El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha detallado este miércoles en el Pleno del Parlamento los últimos acuerdos sellados con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Función Pública y en la Mesa Sectorial de Administración General, dirigidos a reforzar el empleo público y modernizar la administración andaluza. Nieto ha subrayado la “unanimidad” y la “credibilidad” del “mayor acuerdo” alcanzado en veinte años en materia de función pública, remarcando que no guarda relación con otros compromisos previos, como el rubricado en julio de 2018, que no llegó a aplicarse por “falta de presupuesto y de las reformas legales necesarias para su ejecución”.
Durante su intervención, el consejero ha resaltado el esfuerzo desarrollado en esta legislatura para abordar una profunda transformación de la Administración Pública contando con sus empleados, un proceso que arrancó con la nueva Ley de Función Pública de 2023, que sustituyó a la normativa de 1985, ya desfasada. Entre los hitos más recientes, ha situado los acuerdos “históricos” que implican una inversión de 250 millones hasta 2030.
Nieto ha expresado su agradecimiento a todas las organizaciones sindicales presentes en el Pleno —CSIF, UGT, CCOO, SAF e ISA— por el trabajo discreto y leal que ha hecho posible la unanimidad sindical, algo que no se producía desde 2006. A su juicio, se trata de una muestra de que Andalucía ha recuperado el valor del diálogo social gracias a la búsqueda de consenso que define “la vía andaluza” del Gobierno de Juanma Moreno.
Igualmente, ha destacado que en ambos pactos no solo se han contemplado mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también actuaciones orientadas a elevar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
Tanto el acuerdo de la Mesa General de Función Pública para la mejora del empleo público y de la prestación de servicios de calidad, como el de la Mesa Sectorial de la Administración General que regula la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, continúan la línea abierta con la aprobación en 2023 de la Ley de la Función Pública de Andalucía y su desarrollo reglamentario.
Estas medidas han permitido rebajar la tasa de temporalidad del 50 al 8% tras actualizar ofertas de empleo público pendientes y culminar procesos extraordinarios de estabilización, planificar convocatorias anuales para cubrir las jubilaciones previstas en los próximos años y acelerar su tramitación, además de implantar nuevos sistemas de provisión y selección de puestos, como el concurso abierto y permanente.
En este contexto, ha explicado que el pacto de 2018 anunciaba una modernización, un reconocimiento profesional y una cultura de evaluación, pero sin una reforma integral del marco legal de la función pública, ni un desarrollo reglamentario coherente, ni un sistema efectivo de evaluación del desempeño, ni una planificación presupuestaria plurianual. Según el consejero, fue un acuerdo “más declarativo y electoralista” que generó unas “expectativas irreales”, así como “frustración” y “desconfianza” entre los empleados públicos hacia la Junta.
Frente a ello, ha defendido que los acuerdos actuales se apoyan en un armazón legal sólido, disponen de un calendario de implantación y de financiación garantizada. Son, ha dicho, “un compromiso real” que aporta “credibilidad” y certidumbre al personal de la Junta de Andalucía.
Impacto en el empleo público
El acuerdo de la Mesa General de Función Pública supone un impacto económico de 250 millones de euros, la mayor dotación de la Junta en este campo, con un horizonte de cinco años. Se extiende a todo el personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta, de las entidades instrumentales del sector público andaluz y del ámbito de Justicia, que suman alrededor de 65.000 empleados.
El texto reconoce la aportación del personal al servicio de la Junta y establece un marco estable para impulsar su motivación, el desarrollo profesional, la estabilidad, la formación continua, la mejora de la salud laboral y la prevención de riesgos, además de actualizar el sistema retributivo para premiar el mérito, la dedicación y la excelencia. Para Nieto, su trabajo, profesionalidad y compromiso serán determinantes para avanzar hacia una administración “más ágil, eficaz, moderna, digital, accesible y proactiva, que contribuya al desarrollo económico de una Andalucía líder”.
De este gran acuerdo deriva el pacto de la Mesa Sectorial de la Administración General que regula la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva de los 45.000 funcionarios de carrera de la Administración General de la Junta. El documento articula un modelo de promoción y retribución más equitativo, motivador y transparente mediante dos nuevos complementos salariales ligados a la carrera horizontal y a la evaluación del desempeño.
La carrera profesional horizontal permitirá a los empleados públicos incrementar su salario y progresar profesionalmente sin necesidad de cambiar de puesto, favoreciendo así una mayor estabilidad en las plantillas. Se estructurará en seis tramos y se pondrá en marcha de forma gradual entre 2026 y 2029, conforme al calendario pactado con los sindicatos. El aumento anual podrá llegar hasta 10.890 euros en el grupo A1 y 2.587 euros en el grupo E. Además, se creará un sistema de evaluación del desempeño que sustituirá al actual modelo de productividad, se abonará en un único pago anual y se desplegará entre 2029 y 2030.
Postura de los grupos parlamentarios
En el debate posterior, el diputado del PSOE-A Víctor Manuel Torres ha criticado la “propaganda” de la Junta en torno al sector público en un año electoral. Ha señalado que el Ejecutivo andaluz “empieza con los incumplimientos prácticamente antes de poner en marcha ya el inicio de los acuerdos”, citando como ejemplo el compromiso de que antes del 31 de diciembre “se firmaría el séptimo convenio colectivo para el personal laboral que afecta a 14.000 empleados públicos”, algo que no se ha materializado. Ha cuestionado si la firma será otro “acto más de precampaña o de campaña electoral”.
Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo ha afirmado que esperaba que el consejero acudiera al Parlamento con “esa exclusiva mundial de haber llegado al término del desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública casi tres años después”, pero, en su opinión, solo ha presentado lo habitual del Gobierno de Juanma Moreno, “más propaganda, más autobombos, más fotografía y más titulares”, al no existir, según ha dicho, ninguna “reforma de la administración”.
La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha manifestado su deseo de que se sigan asumiendo compromisos para mejorar las condiciones del personal, ya que, pese a la firma de estos acuerdos, “la situación no mejora en algunos aspectos”. “Muchos y muchas están trabajando por encima de sus posibilidades, por la falta de personal que tenemos en muchísimas administraciones”, ha señalado.
Desde el PP-A, el diputado Daniel Castilla ha defendido que el “camino del diálogo es el que ha utilizado la Consejería de Justicia, Administración local y Función Pública para alcanzar un acuerdo histórico, como el presente, con los sindicatos para mejorar el empleo público en Andalucía y la prestación de los servicios de calidad en el desarrollo de la Ley de Función Pública”. Ha subrayado que se ha alcanzado con las principales organizaciones sindicales que representan a la mayoría de los empleados públicos de la comunidad.