El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha acusado este jueves al Gobierno de la Junta de “resignación” ante la siniestralidad laboral en la comunidad, al recordar que 121 trabajadores perdieron la vida en accidentes de trabajo en 2025. Frente a ello, el Ejecutivo andaluz sostiene que las estadísticas reflejan una bajada del índice de incidencia del 7,37% entre 2024 y 2025, pese al incremento del empleo.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, el diputado socialista José Antonio Sánchez ha indicado que en 2025 se produjeron en Andalucía 103.609 accidentes laborales con baja, de los cuales más de un millar fueron graves, y ha subrayado que uno de cada cinco siniestros graves que se registran en España tiene lugar en esta comunidad.
El parlamentario del PSOE ha afeado al Ejecutivo autonómico que tumbara en la Cámara una moción socialista con 22 propuestas para reducir la siniestralidad laboral, elaborada tras reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas y especialistas en prevención.
“No podemos aceptar que en nuestra tierra haya una accidente laboral cada cinco minutos”, ha manifestado el diputado socialista Gerardo Sánchez, quien también ha censurado que “cada tres días muere un trabajador en su puesto de trabajo” y ha remarcado que “la mayoría de los accidentes laborales son evitables”. Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz de dar por asumible este escenario. “Parece que los accidentes laborales son inevitables en la acción de Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha apuntado, reclamando medidas concretas para reforzar la prevención.
Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha expuesto que el índice de incidencia de los accidentes laborales se redujo un 7,37% en Andalucía entre 2024 y 2025, coincidiendo con los dos primeros años de aplicación del I Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028.
Blanco ha precisado que este descenso de la siniestralidad en Andalucía se sitúa 1,20 puntos por encima de la media del conjunto del país, cifrada en el 6,17%, y que además se produce en un contexto de aumento de la población ocupada, con 224.500 trabajadores más en esos dos años, y tras un recorte acumulado del 11,75% en el periodo 2019-2023.
La consejera ha detallado que la política de seguridad y salud laboral se acuerda con los principales agentes sociales y económicos de la comunidad en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), bajo la premisa de que “la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad laboral es una tarea que nos compromete a todos: gobiernos, empleadores y trabajadores”.
En este sentido, Blanco ha defendido que la siniestralidad se está reduciendo en Andalucía gracias a esta “confluencia de responsabilidades”, aunque no al ritmo deseado, y ha descartado cualquier tono triunfalista “puesto que cualquier accidente laboral deja tras de sí un drama personal y familiar, sobre todo si deriva en el fallecimiento del trabajador”.
La EASST 2024-2028, dotada con 48 millones de euros, se desarrolla actualmente mediante el primero de sus dos planes de acción, correspondiente al trienio 2024-2026 y con una asignación cercana a los 23 millones.
Este plan contempla cien medidas, con especial énfasis en la cultura preventiva, y casi un tercio de ellas se orientan de forma específica a la reducción de la siniestralidad laboral. Las actuaciones combinan la respuesta a riesgos emergentes con el refuerzo de iniciativas que ya demostraron eficacia durante la anterior EASST 2017-22, prorrogada hasta 2023, y el Plan de Choque contra la Siniestralidad aprobado en agosto de 2023 con un año de vigencia.
Entre las líneas de trabajo destacan las actuaciones de comprobación en empresas, el refuerzo de los incentivos —en particular para pymes—, las campañas de sensibilización y la intervención específica ante accidentes de tipologías especialmente graves, como las caídas desde altura o los atrapamientos con maquinaria.