La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y también portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España (PP-A), defendió este jueves la “transparencia” y los “controles” que, según sostuvo, aplica la Junta de Andalucía en la contratación pública. Al mismo tiempo calificó de “bulo” que el Gobierno autonómico esté impulsando una política de “privatizaciones”, replicando así a las acusaciones formuladas por el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez durante el Pleno del Parlamento.
Estas afirmaciones se produjeron en el marco de una interpelación sobre contratación pública presentada por el grupo Por Andalucía al Gobierno del PP-A. En su intervención, José Manuel Gómez Jurado censuró que la Junta firme contratos con compañías que llevan a cabo prácticas “absolutamente deleznables” con sus plantillas y que, a su juicio, “empobrecen el servicio” que ofrecen a la ciudadanía.
El parlamentario de Por Andalucía partió de la idea de que “la contratación pública con empresas privadas debería ser un instrumento para la Junta de Andalucía con el que orientar el mundo del trabajo hacia una lógica de respeto de los derechos laborales y hacia el medio ambiente”, además de “hacia una lógica favorecedora de la transición energética y de la descarbonización de la economía”, y que tendría que ser igualmente “un ejemplo de ética y buenas prácticas”.
Asimismo, remarcó que la Junta es “el principal empleador” de la comunidad, “bien sea de forma directa o indirecta”, y advirtió de que lo que se observa en la actual política de contratación es “todo lo contrario a lo que debería ser”.
Gómez Jurado acusó al Ejecutivo andaluz de impulsar la “privatización” de servicios públicos y de tolerar “incumplimientos de contratos” por parte de las adjudicatarias, lo que, según dijo, supone “un robo a manos llenas de empresas que actúan como auténticas mafiosas con servicios de la Junta de Andalucía”.
En la misma línea, reprochó al Gobierno autonómico que “no han movido un solo dedo” frente a estas conductas y que “en muchos casos han actuado de manera connivente con esas empresas”. Denunció que “hemos visto vulneraciones de derechos de los trabajadores, empeoramiento del servicio, servicios que se prestan de manera deleznable a pesar de que la Junta de Andalucía pagase religiosamente, y ni una asunción de responsabilidades” por parte del Ejecutivo regional.
En su contrarréplica, Carolina España afeó al diputado de Por Andalucía que genere “sospechas” sobre la contratación pública de la administración autonómica y lamentó que, “escuchándole, parece” que la Junta “contrata al margen de la ley, que no hay controles, que no hay fiscalización”.
Frente a ello, subrayó que el Gobierno andaluz “se sujeta a las leyes, como no puede ser de otra manera”, y recalcó que “publica todos los contratos en la Plataforma de Contratación, cosa que antes no ocurría”, insistiendo en que el actual Ejecutivo está sometido “a más órganos de control que nunca”.
Reformas en contratación y datos de actividad
En este contexto, la consejera reivindicó que el Gobierno de Juanma Moreno creó desde el inicio “la Dirección General de Contratación, que vela por la aplicación de los principios de libertad de acceso, de transparencia, de no discriminación y de concurrencia”, y que “ha impulsado un verdadero ecosistema de contratación electrónica mucho más transparente, mucho menos arbitrario”. Detalló que se han puesto en marcha “tres herramientas fundamentales”: “un tramitador electrónico de los expedientes, una plataforma de contratación que incluye el perfil del contratante”, y “un registro que es la base única de información contractual de la Junta”.
Según expuso Carolina España, estas iniciativas han permitido “avances muy importantes”, hasta el punto de que la Junta contabiliza “más de 54.000 expedientes licitados desde el año 2020, más de 160.000 ofertas presentadas electrónicamente”, y “más de 40.000 empresas inscritas en la plataforma de contratación andaluza”. A su juicio, estas cifras se traducen “en más concurrencia, mayor agilidad, más competencia y más oportunidades para empresas”, además de incrementar “la trazabilidad de todos los procedimientos”, lo que, insistió, redunda en “mayor transparencia”.
Debate sobre la “privatización” y comparación con etapas anteriores
En otro momento de su intervención, la titular de Economía y Hacienda replicó al diputado de Por Andalucía que la supuesta “privatización” impulsada por la Junta con el PP-A “se ha convertido en un clásico” de las críticas de la izquierda, pero sostuvo que se trata de “un bulo”. En este sentido, destacó que Andalucía dispone ahora del “presupuesto más alto de la historia, por ejemplo, en el ámbito sanitario”, donde, además, hay “30.000 profesionales más” que cuando Juanma Moreno accedió a la Presidencia.
Defendió igualmente que “la colaboración con entidades privadas en el ámbito sanitario ha existido siempre”, y recordó al parlamentario de Por Andalucía que cuando Izquierda Unida (IU) participó en el Gobierno de la Junta o lo respaldó “avalaron” ese modelo. Frente a ello, aseguró que lo que no hará “nunca” el Ejecutivo del PP-A es “lo que hizo la izquierda” de “despedir a 7.700 profesionales sanitarios, bajar los presupuestos en 1.600 millones de euros, esconder en los cajones a más de 500.000 andaluces para que las listas de espera no subieran, y eliminar miles de camas”.
Además, la consejera denunció “el sistema de subvenciones que se diseñó para eludir los controles” durante los gobiernos socialistas en la Junta, que, según recordó, derivó en “condenas por malversación, contratación sin concurrencia competitiva” y de forma “opaca, con intermediarios, con comisiones”.
Carolina España atribuyó a esos ejecutivos anteriores una “nefasta gestión en la contratación pública” que habría generado “consecuencias” que aún se “sufren” en Andalucía. Frente a ese escenario, defendió que ahora existe en la Junta “un Gobierno serio, riguroso, que aplica la ley, que está aplicando más controles que nunca”, y recalcó que “las empresas adjudicatarias tienen que cumplir los requisitos y, si no” lo hacen, “se les rescinde el contrato”.
Por su parte, José Manuel Gómez replicó a la consejera que “la privatización de la sanidad la ve todo el mundo en Andalucía”, y afirmó que su defensa del refuerzo de los controles en la administración con el PP-A “daría risa” “si no fuese porque es dramático” lo que sucede en realidad.
En la intervención final, Carolina España sostuvo que si “en otras épocas” de gobiernos socialistas en la Junta “se creó un sistema” de contratación “sin control, de espaldas a los ciudadanos y a los controles”, esa situación “ha cambiado”, y aseguró que el PP-A ha “limpiado esta tierra de la corrupción” con la que “la izquierda y el Partido Socialista” la “asolaron”, dando así por cerrado el debate parlamentario.