El proyecto de ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), concebido para “impulsar la ciencia como motor estratégico de desarrollo económico, social y territorial de la comunidad”, ha superado este jueves, 29 de enero, el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento. La Cámara ha rechazado, con el respaldo de PP-A y Vox, la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Socialista.
Superado este primer trámite, la iniciativa continuará ahora su recorrido en comisión parlamentaria antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva, un hito que el Gobierno andaluz sitúa previsiblemente en la próxima primavera.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha sido el encargado de presentar los ejes de la norma en un Pleno extraordinario, celebrado en un mes tradicionalmente inhábil para la actividad parlamentaria como es enero.
Durante su intervención, ha subrayado que el texto es fruto de una estrategia pública diseñada para “transformar Andalucía desde el conocimiento, la innovación y el talento”, y ha remarcado la apuesta de la ley por la “excelencia científica”.
Según recoge el proyecto, se pone en marcha el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), con una estructura dual asentada, por un lado, en el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), orientado a reconocer y captar talento investigador de referencia, y, por otro, en las Unidades de Excelencia de Andalucía, que distinguirán a los grupos y centros de investigación más competitivos y con mayor proyección.
La Ley Activa incorpora también la figura del personal tecnólogo, “fundamental para trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo”, en palabras de Gómez Villamandos, quien ha destacado que “se pasa de un sistema que retiene como puede a un sistema que reconoce, atrae y cuida el talento, sin dejar a nadie atrás y garantizando igualdad de oportunidades”.
Gobernanza y coordinación del sistema
El consejero ha insistido en que la norma representa un “salto cualitativo” al avanzar hacia “una gobernanza clara, compartida y liderada políticamente, capaz de alinear toda la acción pública en materia de ciencia, tecnología e innovación”.
Para ello, ha detallado los órganos previstos, entre ellos la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, que se encargará de coordinar todas las políticas de ciencia y tecnología del Ejecutivo autonómico.
Ha mencionado igualmente el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación, concebido como órgano consultivo de análisis y asesoramiento en el que estarán presentes los principales agentes del sistema, así como el Comité para la Integridad Científica de Andalucía, encargado de velar por las buenas prácticas y la ética en la investigación.
Gómez Villamandos ha querido recalcar además el respeto a la autonomía universitaria en la planificación estratégica de la investigación, de forma que se tenga en cuenta la “singularidad” de cada universidad.
Impulso a la investigación en salud y a la evidencia científica
Por primera vez, una ley andaluza de ciencia integra de forma expresa el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía, reconociendo el papel de las fundaciones de investigación biomédica, los institutos de investigación sanitaria y centros temáticos como Genyo.
El texto crea asimismo una figura inédita en España: la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Parlamento de Andalucía, cuyo fin será “que la evidencia científica esté presente en la toma de decisiones legislativas”.
La normativa persigue acercar el esfuerzo inversor en I+D+I a los niveles de la zona euro y contempla mecanismos para atraer capital privado, regulando el patrocinio y el mecenazgo científico.
Con ese objetivo se establece el Consejo del Mecenazgo en I+D+I, que impulsará la cooperación entre la Administración y las empresas para financiar proyectos considerados estratégicos, “teniendo en cuenta que una ciencia fuerte necesita un compromiso público sólido, pero también un ecosistema capaz de movilizar a la sociedad y al sector privado en torno al conocimiento”, ha indicado el consejero.
La Ley Activa reserva además un título específico a la transferencia del conocimiento, con la finalidad de que los resultados generados en universidades y centros de investigación se conviertan en “innovación útil para las empresas y la sociedad”.
El nuevo marco normativo refuerza igualmente la Compra Pública de Innovación (CPI), la ciencia abierta y la divulgación científica, y potencia los instrumentos de conexión entre ciencia y empresa: centros tecnológicos, clústeres de innovación, parques científicos y tecnológicos y alianzas público-privadas. Por primera vez, se incorporan las unidades de innovación conjunta entre empresas y agentes del conocimiento como estructuras para promover la innovación abierta.
Al mismo tiempo, se impulsa la I+D+I empresarial otorgando la condición de agente del conocimiento a las unidades de investigación e innovación del sector productivo, y se fomenta la proyección internacional de la ciencia andaluza, promoviendo la participación en programas europeos y el vínculo con el Espacio Europeo de Investigación. También se prevén programas para captar talento internacional y favorecer el retorno de investigadores andaluces que desarrollan su carrera fuera.
Críticas de la oposición y defensa del proyecto
En nombre del PSOE-A, el parlamentario Antonio Ruiz ha defendido la enmienda de totalidad al considerar que se trata de “un texto incompleto, insuficiente y alejado de las necesidades reales del Sistema Andaluz del Conocimiento, así como del marco jurídico estatal vigente”.
Para los socialistas, “la lectura detallada del proyecto normativo y de la documentación obrante en el expediente pone de manifiesto que la iniciativa no se ajusta ni a los principios de buena regulación exigidos por la Ley 39/2015”, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “ni a las exigencias derivadas de la profunda reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación realizada mediante la Ley 17/2022, cuyo contenido es ignorado, minimizado o implementado de forma deficiente”.
En el turno de los grupos que no han registrado enmienda de totalidad, el diputado de Vox José María Ortells ha señalado que el proyecto “tiene objetivos que sobre el papel son muy razonables”, si bien ha alertado del peligro de que se quede “en intenciones”. Ha anunciado que su formación trabajará durante la tramitación para que la ley resulte “útil”, tras criticar “el despliegue de nuevos organismos” previsto en el texto.
Por su parte, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha valorado que la Junta “se quiera formular una nueva Ley de la Ciencia”, pero ha mostrado su inquietud, “una vez más”, por “las prisas” del Ejecutivo del PP-A para sacar adelante una norma “muy importante” como ésta, que, a su juicio, requiere “sosiego para escuchar todas las opiniones de expertos que se puedan implicar”.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha opinado que se trata de una ley “meramente declarativa”, que, aunque parta de “buenas intenciones, no se traduce en nada”.
En la defensa final del proyecto, el diputado del PP-A Mariano García ha asegurado que esta iniciativa “transformará y avanzará la ciencia, tecnología e innovación” en Andalucía.