La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) tramitó durante 2025 un total de 1.268 comunicaciones sobre “posibles infracciones normativas”, de las que 813, el 64% del conjunto, llegaron de forma anónima. La mayor parte de los avisos procedieron de Sevilla, que aglutinó el 44% del total, y de Cádiz, origen del 32% de las denuncias. Paralelamente, el área de investigación asumió 353 expedientes a lo largo del ejercicio.
Estos datos figuran en la Memoria anual de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción correspondiente a 2025, consultada por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial del Parlamento andaluz. En el documento se subraya que, “desde el punto de vista cuantitativo”, el canal de la OAAF registró un incremento “significativo” del 36% en las comunicaciones recibidas respecto a los 929 expedientes gestionados en 2024.
Desde la institución puntualizan que este repunte de denuncias “no debe traducirse automáticamente en un incremento proporcional de las irregularidades o prácticas fraudulentas”, sino que “debe entenderse más como un fenómeno multifactorial, donde la mayor visibilidad y reconocimiento público de la Oficina, además de un mejor funcionamiento técnico del canal de denuncias, ha podido generar confianza en la ciudadanía que está mostrando una mayor sensibilidad y exigencia de integridad a las administraciones públicas”.
La memoria recalca que “el aumento en el número de infracciones comunicadas debe interpretarse, en gran medida, como una señal positiva. Refleja una mayor confianza de la ciudadanía y los funcionarios públicos en los mecanismos de control, así como una mayor disposición a denunciar posibles irregularidades. En otras palabras, más que un aumento real de la corrupción, estamos ante una mayor voluntad de combatirla”.
La Oficina considera asimismo “significativo” que “aproximadamente la mitad de las comunicaciones de infracciones recibidas, o no han sido admitidas a trámite, o han sido remitidas a las autoridades competentes correspondientes”. De las 1.268 denuncias registradas en 2025, 540 expedientes fueron derivados al área de investigación.
Expedientes de protección a denunciantes
En 2025, solo un 2% de las 1.268 denuncias, 28 casos en total, motivó la apertura de “expedientes de protección” para salvaguardar a la persona denunciante, el doble que en 2024, cuando se contabilizaron 14.
De esos 28 expedientes de protección, doce se refieren a “organismos de la administración local” —ayuntamientos, diputaciones, consorcios—; ocho a entidades dependientes de la Junta de Andalucía —incluidos centros de los ámbitos sanitario y educativo—; dos a universidades públicas; cinco a otros entes del sector público, y uno está vinculado al ámbito privado.
Las conductas alegadas como represalia se concretaron, principalmente, en “acoso u hostigamiento institucional, traslados forzosos, ceses, incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores y difusión no autorizada de la identidad”.
En paralelo, durante 2025 el área de investigación de la Oficina Antifraude gestionó 353 expedientes, a los que se añaden otros 75 sobre los que se practicaron “actuaciones previas”, y 49 que quedaron “en trámites previos a la investigación”. De las 353 investigaciones desarrolladas, 124 continúan “en fase de análisis” y 229 se cerraron en el propio ejercicio.
Ese mismo año se concluyeron 22 expedientes sancionadores por infracciones en materia de transparencia y buen gobierno. De ellos, 18 terminaron con resolución de no incoación del procedimiento sancionador, tres mediante diligencia de archivo y uno con resolución sancionadora que posteriormente fue estimada en recurso de reposición.
Las denuncias recibidas en 2025 se agruparon sobre todo en tres grandes bloques competenciales vinculados a la entidad denunciada o al área o servicio concreto afectado. El ámbito de “Empleo, Seguridad Social y Función Pública” concentró el 21% de los avisos, 272 en total, relacionados con “cuestiones de personal”. A continuación se situaron “Economía y Hacienda”, con 180 denuncias, el 14%, y “Urbanismo y Vivienda”, con 169, el 13%.
Balance y hoja de ruta del director
La memoria incorpora un prólogo firmado por el director de la Oficina, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, quien recuerda que se trata del primer informe anual elaborado bajo su mandato, iniciado el 17 de julio de 2025, y adelanta que “marca el inicio de una nueva etapa caracterizada por la modernización, la eficiencia y el compromiso inquebrantable con la integridad en la gestión pública andaluza”.
El responsable del organismo relata que, al asumir el cargo, llevó a cabo “un análisis exhaustivo de su funcionamiento interno que reveló una realidad que requería actuación inmediata”, al detectar “una carga elevada de trabajo en todas las áreas, un volumen considerable de asuntos pendientes de tramitación y la necesidad de modernizar ciertos procedimientos para garantizar una respuesta ágil y eficaz ante las denuncias ciudadanas”.
Esta revisión interna llevó a Francisco de Paula Sánchez “a la conclusión de que era imprescindible emprender una reforma que dotara a la institución de las herramientas y la estructura necesarias para cumplir con sus objetivos fundamentales”, entre los que sitúa de forma prioritaria “la prevención del fraude y la promoción de culturas de integridad, buenas prácticas y probidad en las administraciones públicas andaluzas”.
El director destaca como “el hito más significativo” del último ejercicio la reforma del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina, aprobada por la Mesa del Parlamento andaluz en noviembre de 2025 y en vigor desde entonces, impulsada “personalmente” por él “tras constatar las necesidades reales de la institución”.
Según expone, la modificación normativa “introduce mejoras técnicas esenciales en varios ámbitos de actuación, como la agilización de procedimientos mediante la eliminación de trámites innecesarios o redundantes que ralentizaban la tramitación de las denuncias, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante las solicitudes ciudadanas y las investigaciones en curso”.
En el prólogo, Francisco de Paula Sánchez detalla que su proyecto para la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción “se sustenta en tres pilares fundamentales”. El primero es la “prevención como prioridad”, con la idea de que, “más allá de la labor sancionadora, la Oficina debe convertirse en un actor proactivo que fomente una cultura de integridad en todas las administraciones públicas andaluzas”.
Los otros “pilares” que señala son la “independencia y profesionalidad” y el “servicio a la ciudadanía”, partiendo de que este organismo “existe para proteger los intereses públicos y para garantizar que los recursos de todos los andaluces se gestionen con honestidad, eficiencia y transparencia”.
“El ejercicio 2025 ha sentado las bases para una nueva etapa”, concluye el director de la Oficina Antifraude, que confía en que “las reformas emprendidas comenzarán a dar sus frutos en los próximos años”, de forma que la institución pueda “cumplir con mayor eficacia su mandato legal” y continúe “siendo un instrumento fundamental para la defensa de los intereses públicos y para la construcción de una cultura de integridad en nuestras administraciones”.