La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha censurado este martes el voto en contra emitido por los diputados andaluces del Grupo Popular en el Congreso a la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025. Esta norma incluía, entre otras disposiciones, la revalorización para 2026 de las pensiones de la Seguridad Social y de las Clases Pasivas del Estado (funcionarios) con el fin de “mantener su poder adquisitivo”.
En un mensaje publicado en su perfil personal en la red social X, Montero ha tildado de “costumbre que los parlamentarios del PP de Moreno Bonilla voten en contra de los intereses de Andalucía”, subrayando que con su negativa a respaldar el Decreto-ley “han tumbado una mejora retributiva para 1,6 millones de pensionistas andaluces”.
La dirigente socialista andaluza ha anticipado que los representantes del PP por Andalucía “ahora buscarán cualquier excusa” para justificar su posición en la votación, al tiempo que ha criticado que “solo votarán sí cuando su voto no sea necesario”.
El Gobierno defendía en el Decreto-ley 16/2025 que “la doctrina del Consejo de Estado en su dictamen 1119/2016, de 29 de diciembre de 2016, consolida el real decreto-ley como cauce idóneo para la revalorización de las pensiones en situaciones de prórroga presupuestaria”.
Entre las disposiciones recogidas, el Decreto-ley 16/2025 establecía que desde el 1 de enero de este año y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, “el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales”.
Respecto a la actualización de las cuantías, el texto precisaba que “las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en 2026 con carácter general el 2,7 por ciento respecto del importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2025, equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2025, expresado con un decimal”.