Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha justificado la actuación de su administración frente a la investigación judicial que se lleva a cabo en Cádiz y Sevilla relacionada con contrataciones de emergencia fragmentadas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), asegurando que «pongo la mano en el fuego en la justicia», esperando que «la justicia decida».
En respuesta a una interpelación del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre la ética política, Moreno ha afirmado que «somos el único gobierno que investiga cuando hay indicios de delitos», y ha recalcado que «antes, en Andalucía, el Gobierno socialista tapaba la corrupción y ahora este Gobierno actúa».
Moreno, en un intercambio con el portavoz de Adelante, José Ignacio García, quien lo desafió a defender la integridad de altos cargos del SAS, declaró que «pongo la mano en el fuego por los informes jurídicos, por las personas responsables, los funcionarios de alto nivel que certifican esos informes».
«Ahí pongo la mano en el fuego», insistió Moreno, reforzando su postura.
García expresó su cansancio por la corrupción presente tanto en el PP como en el PSOE, citando varios casos y concluyendo que «si alguna vez la extrema derecha y los fascistas gobiernan le tendremos que dar las gracias a Ábalos y Cerdán y a los que le mantuvieron».
Moreno criticó a García por comparar su partido con el PSOE, argumentando que ello supone una absolución de la corrupción socialista, y mencionó un reciente escándalo de corrupción que implica a Ábalos y Cerdán, describiéndolo como «una trama de corrupción sistémica en el PSOE» y un «espectáculo bochornoso» en cualquier otro país europeo.
Moreno también desafió a García sobre su posible alianza con el PSOE y la número dos de Sánchez, la señora Montero, e invitó al debate sobre una propuesta contra la corrupción, pidiendo que no se apliquen dobles estándares.
Por su parte, García acusó a Moreno de actuar solo cuando los informes son favorables y de cesar a quienes informan en contra, además de bloquear informes en la Cámara de Cuentas. García también acusó al PP de ver la administración como un medio para hacer negocios y se mostró escéptico sobre la probabilidad de que el PP tome medidas significativas contra la corrupción, sugiriendo prohibiciones de contratación con empresas corruptas y la expropiación de sus beneficios, además de regular los indultos y el papel de los lobbies.