María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, comunicó que para el año académico 2025/26, se incrementará a 871 el número de centros educativos favorecidos por el programa de Atención educativa de Zonas de Transformación Social, un aumento de 74 instituciones respecto al año en curso. Este programa tiene como objetivo principal apoyar al estudiantado en situación de vulnerabilidad, buscando optimizar su proceso educativo para garantizar su éxito académico.
Castillo explicó que la distribución de estos centros incluye 467 colegios de Infantil y Primaria y 383 institutos de Secundaria. Estos recibirán ‘recursos adicionales específicos’ con la meta de elevar la calidad y la equidad en la educación, considerada esencial para contrarrestar las desigualdades sociales y económicas. Esta acción es respaldada con una inversión de 142 millones del Fondo Social Europeo para dos periodos académicos.
Adicionalmente, la consejera anunció que centros en las áreas de las zonas Eracis y 21 instituciones concertadas se sumarán al programa el próximo curso. Castillo subrayó la importancia de estos ‘pasos firmes’ para implementar estas iniciativas ya que ‘para el Gobierno andaluz la educación inclusiva es un pilar fundamental del sistema educativo andaluz’.
PSOE-A ADVIERTE DEL «DESMANTELAMIENTO»
Susana Rivas, diputada del PSOE-A, ha expresado su preocupación por el «desmantelamiento» de la educación compensatoria en las ZTS. Rivas ha enfatizado la ausencia de refuerzos prometidos durante siete años y criticó la gestión financiera inadecuada en la Consejería, incluyendo ‘300.000 euros a facturas falsas para el transporte escolar’.
La diputada ha resaltado la falta de uniformidad en los criterios de apoyo a los centros, mencionando la desigualdad en la asignación de recursos, especialmente en la provincia de Huelva. Rivas también ha mencionado la situación de los centros en Cartaya, donde las aulas con alta vulnerabilidad quedan excluidas del programa mientras se incluyen colegios concertados. Finalmente, ha demandado que los fondos para estos programas sean permanentes y no dependan exclusivamente de financiación europea, criticando la ‘precarización de la educación pública’.