QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, el Parlamento de Andalucía ha manifestado su oposición a la propuesta del Gobierno central de condonar la deuda de la comunidad, una idea que no ha encontrado respaldo. Paralelamente, con el respaldo de PP-A y PSOE-A, ha exigido que se inicie un diálogo para revisar el modelo de financiación autonómica actual.
Se ha rechazado una proposición del PSOE-A que buscaba que la Junta aceptase la condonación de la deuda, con el apoyo únicamente de Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que PP-A y Vox se opusieron. Asimismo, otra proposición de PP-A que instaba al debate sobre la financiación autonómica recibió el rechazo de Vox y Por Andalucía, pero contó con apoyos parciales de PSOE-A y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
En la propuesta rechazada del PSOE-A, se planteaba que el Estado absorbiera hasta 18.791 millones de euros de deuda andaluza, lo que “permitiría reducir en casi la mitad el endeudamiento autonómico y generando un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses”.
“Rechazo a la estrategia de confrontación adoptada por el Gobierno andaluz en relación con la condonación de deuda, por anteponer intereses partidistas a los intereses generales de Andalucía”, se demandaba así mismo desde el Parlamento.
Rafael Recio, diputado del PSOE-A, criticó la negativa de la Junta a aceptar lo que describió como “la mayor oportunidad financiera de nuestra historia” y acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de priorizar su lealtad hacia (Alberto Núñez) Feijóo por encima de los intereses andaluces.
Por parte de PP-A, Pablo Venzal remarcó que la quita no puede sustituir el debate necesario sobre la financiación. Cristina Jiménez de Vox, argumentó que la condonación es una concesión peligrosa al “separatismo chantajista catalán”. Inma Nieto de Por Andalucía y José Ignacio García del Grupo Mixto expresaron opiniones encontradas sobre la conveniencia de asumir parte de la deuda por el Estado.
Finalmente, la necesidad de revisar el modelo de financiación autonómica ha sido subrayada por el pleno, destacando la importancia de garantizar servicios públicos de calidad basados en la igualdad, equidad y solidaridad entre las comunidades autónomas.
