Este jueves, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, que solicitaba al Gobierno que eliminase el arraigo como mecanismo jurídico para otorgar residencia legal a quienes ingresaron ilegalmente al país.
La votación concluyó con la mayoría de votos en contra de la iniciativa por parte de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, siendo defendida por el parlamentario Benito Morillo de Vox.
La propuesta de Vox también incluía el cese de financiación a organizaciones que cooperen con la inmigración ilegal y reclamaba al Gobierno andaluz cambios legislativos para denegar cualquier ayuda pública a inmigrantes ilegales, además de priorizar a los nacionales en la asignación de ayudas sociales.
Según Vox, el uso del arraigo se ha incrementado significativamente, pasando de 43.848 personas en marzo de 2020 a 328.841 en marzo de este año, como muestra un aumento de 7,5 veces, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, critican la reforma del Reglamento de Extranjería de 2024, que consideran una “regularización masiva encubierta”, citando palabras de la ministra Elma Saiz sobre la intención de regularizar a casi un millón de inmigrantes ilegales en tres años. La propuesta de Vox lamentaba las facilidades aumentadas para las reagrupaciones en un contexto de dificultades económicas para muchos españoles.