Este miércoles, el Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, propuesta que fue inicialmente presentada por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 30 de julio. Esta ley contempla la instauración de cuatro categorías distintas dentro del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente: Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo.
Estos agentes desempeñarán funciones «como policía medioambiental al servicio de la ciudadanía» y contarán con un «estatuto jurídico, funciones y sistema de acceso» claramente delineados, con el objetivo de «consolidar un colectivo profesional altamente cualificado, eficaz y reconocido».
El apoyo a la normativa provino de los grupos Popular y Vox en Andalucía, mientras que los grupos de la izquierda, que incluyen al Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, optaron por la abstención. Durante la sesión plenaria, se aceptaron 5 enmiendas in voce del Grupo Popular y otras 9 transaccionales de los grupos proponentes, destacando la diputada del PP, Araceli Cabello, que se aprobaron 94 de las 170 enmiendas presentadas, lo que representa un 55%.
En su declaración final, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, enfatizó que esta ley «no es el punto final» sino «el inicio de una etapa decisiva para la protección del medio ambiente», prometiendo una pronta reglamentación. Afirmó que esta normativa no solo mejora el servicio, sino que también «dignifica una profesión esencial» y posicionará a Andalucía en la vanguardia de la protección ambiental.
La ley otorga a los Agentes de Medio Ambiente la autoridad de policía administrativa especial y, bajo ciertas circunstancias, de policía judicial de carácter genérico. Además, fortalece su rol en la vigilancia, custodia, inspección e investigación de delitos ambientales, asegurando su protección jurídica incluso fuera de servicio.
El Gobierno de Andalucía ha señalado que este grupo tiene sus orígenes en los antiguos guardas forestales del Estado, que fueron integrados en las comunidades autónomas en los años ochenta. Desde entonces, han evolucionado hasta conformar un cuerpo especializado en diversas áreas ambientales. Con la aprobación de esta ley, se crea una estructura organizativa y un plan de carrera profesional específicos, que incluyen pruebas físicas y psicotécnicas, requisitos académicos adaptados y un régimen disciplinario acorde con la normativa de función pública autonómica.