El Parlamento de Andalucía ha otorgado un contrato para la provisión y activación de 41 sistemas de aire acondicionado autónomo con bomba de calor, los cuales serán instalados tanto en su sede principal como en la de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esta acción tiene como fin reemplazar las unidades antiguas que «han superado con creces su vida útil» y que operaban con un gas (R22) «según estipuló el Reglamento CE 1005/2009, quedaba prohibido» debido a que contiene HCFC que «daña la capa de ozono».
El contrato, valorado en 161.401,90 euros con IVA incluido, fue concedido a una empresa ubicada en La Algaba, Sevilla. La fecha de la adjudicación, según el documento oficial consultado por Europa Press, es el 22 de agosto.
Además, se especifica en el mismo texto que el propósito del contrato es el «suministro para la sustitución de 41 unidades de acondicionador autónomo con bomba de calor distribuidas en el Parlamento de Andalucía y en la Cámara de Cuentas de Andalucía, comprendiendo el desmontaje y puesta a disposición del Servicio de Mantenimiento de los equipos desmontados y el suministro, colocación y puesta en funcionamiento de las nuevas unidades en los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares».
La justificación del contrato subraya la urgencia de reemplazar las unidades, destacando que la «amplia mayoría» de las consolas de aire acondicionado actuales «han superado con creces su vida útil» y que su antigüedad hace imposible encontrar repuestos. Asimismo, menciona que estas consolas instaladas en 2003 «contienen un gas (R22)» que «según estipuló el Reglamento CE 1005/2009 quedaba prohibido», justificando la necesidad de un cambio por equipos más eficientes y ecológicos.
El documento también revela que esta sustitución «progresiva» comenzó con la instalación de 15 unidades en junio de 2023, finalizando el montaje el 9 de enero de 2024. Actualmente, quedan pendientes 208 unidades, incluyendo las 41 del presente contrato, cuya finalización está programada para 90 días hábiles tras la formalización del contrato, incluyendo todas las pruebas necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.