El Pleno del Parlamento de Andalucía ha declinado este jueves, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A que buscaba que la Junta «restablecer con carácter inmediato los procedimientos de control previo de legalidad en los gastos, entes instrumentales, agencias públicas y empresas públicas que se hayan detectado riesgos».
Esta medida socialista, que abogaba por «recuperación y refuerzo de los sistemas de intervención y control financiero permanente en el sector público andaluz», contó con el apoyo de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Con esta PNL, el PSOE-A solicitaba a la Junta proporcionar «de forma urgente a las Intervenciones Delegadas de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para ejercer un control efectivo, continuo y riguroso sobre la actividad económico-financiera de los órganos y entidades sujetas a control», así como la «restitución de los controles previos eliminados o debilitados, en particular en materia de contratación pública, concesión de subvenciones, gastos plurianuales y operaciones financieras».
Adicionalmente, la proposición instaba a la «implantación de auditorías internas estratégicas periódicas para identificar zonas de riesgo, prevenir irregularidades y reforzar la cultura de cumplimiento normativo, con especial vigilancia sobre los entes con mayor volumen de contratación o financiación pública», y a garantizar que «todos los entes, agencias y organismos dependientes» de la Junta «remitan la información económico-financiera exigida por la Ley General Presupuestaria de Andalucía en los plazos legalmente establecidos».
Finalmente, la PNL abogaba por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para «restablecer con carácter inmediato la fiscalización previa de legalidad en los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, así como en aquellos de elevado importe o adjudicación directa», y realizar «una auditoría específica sobre los contratos formalizados entre los ejercicios 2020 y 2024 sin revisión previa, con publicación íntegra de sus resultados».
En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar, argumentó que se buscaba reivindicar la «transparencia en la gestión» y el «control en el gasto público», en un contexto de «acusaciones de desvío en la gestión del gasto público» por parte del Gobierno de Juanma Moreno que «están siendo investigadas por distintos tribunales en Andalucía».