El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este jueves a una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular, la cual insta al Gobierno español a solicitar a la Unión Europea que negocie con Estados Unidos «de salvaguardias arancelarias sectoriales (exenciones/cupos) para aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas y productos de ganadería extensiva», basándose en una estrategia autónoma para bienes agrícolas que han obtenido un trato legal independiente.
La propuesta también exige al Gobierno que proteja los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) frente al «recorte propuesto para 2028-2034 y preservando un anclaje presupuestario específico de la política agraria en el marco financiero plurianual».
La PNL ha contado con el apoyo mayoritario de los votos de PP y Vox, mientras que los grupos de izquierda, como el Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, se han abstenido. La defensa de la iniciativa fue llevada a cabo por el diputado del Grupo Popular, Manuel Alberto Sanromán.
Además, la PNL aprobada por el Pleno del Parlamento solicita que la PAC siga siendo una política común y autónoma, dividida en dos pilares: ayudas directas y desarrollo rural, donde este último «debe seguir diseñándose por las comunidades autónomas que son las que conocen las necesidades del sector agroalimentario», evitando su fusión con otros fondos multisectoriales o de cohesión.
Se exige además que se soliciten en la UE «cláusulas de salvaguarda efectivas en acuerdos con bloques terceros frente a la competencia desleal» y se demandan partidas presupuestarias específicas que permitan inversiones europeas en «modernización productiva, uso eficiente del agua, digitalización y energías renovables en explotaciones, aprovechando la flexibilidad aprobada en el Plan Estratégico español». El PP-A subrayó la importancia de la PAC como «pilar de la seguridad alimentaria y autonomía estratégica de la UE, manteniendo su peso relativo en el marco financiero plurianual anual y su capacidad anticíclica».
Finalmente, se insta al Gobierno a que promueva en el seno de la UE «una potente política europea del agua», buscando una mayor asignación de fondos europeos para los territorios con el fin de construir infraestructuras hidráulicas que resuelvan problemas como la escasez de agua y fomenten el desarrollo.