Este martes, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, propuesta que fue presentada por el Consejo de Gobierno el 10 de septiembre. En una votación que contó solo con el respaldo del Grupo Popular, la ley fue aprobada mientras que Vox y los grupos de la izquierda, como el Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra. Estos grupos también intentaron, sin éxito el 8 de octubre, bloquear la ley mediante enmiendas a la totalidad.
La normativa, que incluye 117 artículos distribuidos en ocho títulos, también cuenta con varias disposiciones adicionales, transitorias, una derogatoria y otras finales. Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, destacó en su intervención que “el texto que hoy se va a someter a su aprobación es un texto mejor porque ha salido de la escucha, el debate sereno”.
Desde el ejecutivo regional se enfatiza que el propósito de esta iniciativa es “poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo”, asegurando además que la política de vivienda “no es un campo de batalla ideológico”, y reafirmando que “es un derecho”. La ley contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y contra la ocupación ilegal, y define áreas prioritarias para concentrar recursos como ayudas al alquiler o a la compra y fomento a la construcción o rehabilitación de vivienda.
Asimismo, propone la creación de un inventario único de viviendas públicas y una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, con el objetivo de fomentar la industrialización en la construcción y la rehabilitación de viviendas. Dentro de las medidas del decreto ley ya en vigor, se mantiene la opción de aumentar la densidad y edificabilidad en ciertas parcelas bajo condiciones específicas.
El Decreto-ley 1/2025, que expira en febrero de 2026, permite a municipios de más de 100.000 habitantes cambiar el uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas protegidas, lo que podría facilitar la construcción de casi 40.000 viviendas. Este plan se acompaña de un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida que el gobierno regional está preparando.
Por último, la ley también simplifica trámites administrativos mediante la derogación de cuatro leyes anteriores relacionadas con la vivienda. En el debate, mientras Antonio Saldaña del PP destacó la importancia de una política colaborativa, representantes de la oposición criticaron la ley, alegando que no resuelve los problemas de vivienda y que incluso podría agravarlos.