La propuesta de Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) ha superado el debate de totalidad en la sesión plenaria del miércoles, con la oposición de los grupos de izquierda, entre ellos el Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, cuyas enmiendas fueron desestimadas por PP-A y Vox. El texto legislativo, por tanto, proseguirá su proceso en la comisión correspondiente.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, defendió en el Pleno el proyecto de ley, que pretende “definir un modelo de universidad que combine excelencia académica y compromiso social, internalización e impacto en el territorio, regulando la docencia, la investigación y la transferencia como pilares fundamentales”.
Añadió que la ley se fundamenta en los principios de equidad, sostenibilidad, digitalización y compromiso con el entorno, y posiciona a la universidad como eje de la transformación económica y social de Andalucía.
La nueva legislación reemplazará el marco legal vigente desde 2013. Entre sus novedades, se reconoce por ley el derecho a bonificaciones en las matrículas para los estudiantes, y se establecen requisitos como el nivel B2 en un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso de los profesores a determinadas categorías académicas.
Por primera vez, se incluye la “necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades” y se “garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta”.
El texto también detalla medidas para “asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes”. Se profundiza en la formación continua, reconociendo títulos propios de las universidades y microcredenciales, y la Junta considerará estas titulaciones en los concursos que realice.
Además, se crean estructuras como la estrategia de internacionalización y el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, y se establecen controles más rigurosos para la creación y funcionamiento de instituciones académicas privadas, exigiendo a estas que reserven un porcentaje de sus ingresos para becas y programas de investigación.
En el debate sobre las enmiendas de totalidad, intervinieron varios diputados. Antonio Ruiz del PSOE-A, Inma Nieto de Por Andalucía y José Ignacio García de Adelante Andalucía expresaron sus reservas sobre la ley, mientras que José Carlos García del PP-A y Alejandro Hernández de Vox defendieron la necesidad de la normativa, aunque con visiones críticas sobre algunos aspectos.