QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, durante la sesión plenaria, el Parlamento ha manifestado su oposición al acuerdo de financiación exclusiva para Cataluña entre el Gobierno central y la Generalitat, solicitando que, de ser aprobado definitivamente, se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La proposición no de ley, iniciativa del PP-A, contó con el respaldo parcial de Vox, mientras PSOE-A y Por Andalucía la rechazaron completamente, al igual que Adelante Andalucía, aunque este último apoyó algunos aspectos tras una enmienda con el PP-A. El Parlamento expresó su ‘más profundo rechazo al intento de establecer un modelo de financiación autonómica para Cataluña, o para cualquier comunidad autónoma, que se base fundamentalmente en el principio de ordinalidad’.
La proposición señala que Andalucía, afectada por una ‘infrafinanciación histórica y un trato injusto’, vería empeorada su situación con un modelo que contraviene principios clave como la solidaridad y la equidad territorial. Se ha instado a la Junta a considerar un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno de España procede de forma exclusiva y bilateral con cualquier comunidad, en detrimento de las restantes.
Además, se pide una reforma urgente del sistema de financiación autonómica para asegurar la suficiencia y equidad financiera, y la creación de un fondo de nivelación para comunidades infrafinanciadas como Andalucía. También, se exige que cesen los acuerdos bilaterales en financiación que perjudiquen la equidad territorial, y que se reconozca y compense el déficit inversor que sufre Andalucía frente a otras comunidades.
En cuanto a los posicionamientos, el parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, criticó la iniciativa del PP-A como ‘contra Cataluña’, mientras que Cristina Jiménez de Vox enfatizó que la financiación propuesta podría ser preludio de un referéndum de autodeterminación. Por su parte, Inma Nieto de Por Andalucía criticó la falta de rigor en la propuesta, y Begoña Iza de Adelante Andalucía destacó la búsqueda de una ‘financiación justa’ en contra del principio de ordinalidad.
