En una sesión reciente, el Pleno del Parlamento ha dado luz verde a una solicitud dirigida a la Junta para que se agilicen y simplifiquen los procedimientos administrativos necesarios para la clasificación de suelo urbanizable, tal como se detalla en una proposición no de ley presentada por Vox.
Vox presentó dicha proposición no de ley, solicitando al Gobierno de PP-A en Andalucía implementar un conjunto de medidas para abordar la problemática de acceso a la vivienda en la región.
De la propuesta, que fue desestimada por los grupos de izquierda como PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se han aceptado ciertos aspectos con el respaldo del PP-A, incluyendo la regulación uniforme de la expansión de VUT y el fortalecimiento de los servicios de inspección, además de la construcción de bloques de viviendas protegidas según la demanda y priorizando a las familias españolas, fomentando la cooperación público-privada mediante cesiones de terreno, subvenciones, descuentos, avales para financiamiento y créditos blandos.
En el contexto de combatir la ocupación ilegal y la inquiocupación, se ha decidido abolir todas las medidas que favorecen y promueven estas actividades.
Adicionalmente, se ha aprobado la creación de nuevas líneas de avales públicos por parte de la Junta para facilitar la adquisición de una primera vivienda.
Por otro lado, se ha rechazado en el ámbito del alquiler, la prohibición de arrendar a individuos en situación irregular y eliminar el empadronamiento fraudulento de estos.
En lo que respecta a la compra, se ha descartado la iniciativa de Vox que proponía enfrentar la compra masiva de viviendas por parte de capital extranjero estableciendo un régimen fiscal diferenciado en el tramo autonómico para compradores no comunitarios, destinando los ingresos obtenidos a bonificaciones y exenciones fiscales para la adquisición de viviendas por españoles y para la construcción de viviendas protegidas.