La sesión plenaria del Parlamento ha dado luz verde a una proposición no de ley del PP-A, mediante la cual se solicita al Gobierno central la derogación del deslinde recientemente establecido en las marismas de Doñana. Esta medida ha sido apoyada por Vox, ha contado con la abstención del PSOE-A y Por Andalucía, y ha sido rechazada por Adelante Andalucía.
El requerimiento se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que anule la orden del 10 de octubre del año en curso, que define el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de aproximadamente 118.772 metros en las marismas de Doñana, afectando a los municipios de Hinojos y Almonte, en Huelva, y Aznalcázar en Sevilla.
Desde el Parlamento se ha instado al ministerio a abandonar su enfoque unilateral en la gestión de Doñana, proponiendo un retorno al modelo de consenso que involucre a las administraciones, la comunidad científica y los actores sociales y territoriales, esenciales para la conservación de este espacio natural. Además, se ha solicitado que cualquier regulación futura considere los informes del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
En este contexto, también se ha pedido un calendario detallado y sin demoras para la mejora de la estación de tratamiento de aguas residuales de Matalascañas y la ejecución de importantes infraestructuras como la presa de Alcolea, el desdoblamiento del túnel del San Silvestre, y la transferencia de recursos hídricos a la cuenca del Guadalquivir.
Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la Junta para que continúe con su política de conservación del patrimonio natural andaluz, en particular el de Doñana, promoviendo un consenso amplio y reconociendo los fondos asignados para su renaturalización y las infraestructuras hídricas en el presupuesto andaluz de 2026, así como la implementación de un nuevo modelo de gestión ambiental en la finca Veta la Palma.