El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha alertado este miércoles a la Junta de Andalucía de que podría enfrentarse a una sanción por parte de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos, a raíz de la cesión de 700.000 datos de alumnos andaluces a Google dentro del acuerdo suscrito por la Administración autonómica con esta multinacional tecnológica para poner en marcha una plataforma educativa. El grupo considera que Andalucía puede acabar en una situación similar a la ocurrida con el Gobierno de Canarias.
“Tiene que esperar a que le pongan una multa”, se ha preguntado en voz alta el diputado José Manuel Gómez Jurado para ilustrar lo que interpreta como pasividad de la Junta de Andalucía a la hora de corregir las consecuencias de dicho acuerdo tecnológico.
Gómez Jurado ha indicado en rueda de prensa que su grupo solicitará “explicaciones” en el Parlamento andaluz, al considerar que la contestación facilitada por la Consejería de Desarrollo Educativo resulta “insuficiente”, por lo que ha exigido que “no nos trate como tontos”.
Este grupo parlamentario ha recordado como antecedente las multas impuestas por la Unión Europea a Google por abuso de posición dominante y prácticas contrarias a la competencia, que sumaron 8.257 millones de euros en tres sanciones dictadas entre 2017, 2018 y 2019.
Uno de los tres representantes de Podemos Andalucía integrados en este grupo se ha cuestionado si alguien dentro de la Administración andaluza “no pidió la revisión de la protección de datos” de los usuarios de la plataforma educativa impulsada con Google, y ha subrayado que tanto la Agencia Española de Protección de Datos como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía avisaron de que “esto era lesivo”, extremo avanzado este lunes por el diario El País.
Gómez Jurado ha profundizado en su crítica al modo de actuar de “las grandes tecnológicas de Silicon Valley”, a las que ha descrito como compañías que operan “atacando a los ciudadanos de países democráticos”. Ha denunciado así la consolidación de “un tecnofacismo” que favorece “el control de parte de nuestra vida digital”, y ha añadido que “hacen esto porque se permitió la privatización de espacios comunes como era el antiguo internet”.
Al detallar la situación de los escolares que utilizan la plataforma de Google, el diputado de Por Andalucía ha apuntado que se posibilita que la empresa ofrezca a terceros la opción de prestar “servicios personalizados” a estos usuarios. Según ha expuesto, ello facilita “hurgar en los contenidos de las personas que busquen dentro de sus buscadores”, hasta el punto de que “tienen monitorizados a nuestros jóvenes”.
Gómez Jurado ha denunciado “la completa indefensión” en la que, a su juicio, quedan los estudiantes andaluces y ha avanzado “una batería de preguntas” en el Parlamento para exigir explicaciones a la Consejería de Desarrollo Educativo. Ha reprochado además que “el gobierno de Moreno Bonilla ha abierto las puertas de casa de nuestros jóvenes a las multinacionales”, mientras insistía en que se trata de “un ataque feroz a la soberanía de la democracia y de los propios ciudadanos” y en “el uso de determinadas antiguas redes sociales para la propagación del fango de la ultraderecha”.
Entre los escenarios que ha puesto sobre la mesa, el diputado de Por Andalucía ha mencionado el caso de subir imágenes a Google Drive y que, cuando el usuario “quiera borrar esas fotos puede ser que estén vendidas en Bangladesh”, alertando de que “no sabemos dónde terminan las fotos de nuestros jóvenes”, y remarcando que “esas multinacionales se dedican a la compraventa de datos”.