El grupo parlamentario Por Andalucía tiene previsto registrar en el Parlamento andaluz una “batería de iniciativas” con el fin de reclamar “explicaciones” a la Junta sobre la presunta “cesión de datos” de “miles de alumnos” por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo a Google, un asunto que la coalición de izquierdas califica de “extrema gravedad”.
El anuncio lo ha realizado el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Sevilla. Maíllo se ha referido a una información publicada por el diario ‘El País’, que sostiene que en los últimos cinco años se habría vulnerado la protección de datos de 738.502 menores, 43.202 docentes y 2.676 centros educativos a raíz del convenio suscrito con la multinacional tecnológica para el uso de la plataforma educativa virtual Workplace for Education, a cambio de la cesión de datos, según el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Maíllo ha subrayado que esta cesión afectaría a “más de 738.500 alumnos pertenecientes a 2.600 centros de la red educativa andaluza, prácticamente algo más de la mitad de los existentes”, y que se habría producido “simplemente a cambio de la utilización de una plataforma digital con fines educativos”.
En esa línea, ha afirmado que “creemos que es un escándalo” protagonizado por “un gobierno que está vendiendo Andalucía” y que “se mueve con una absoluta frivolidad con respecto a situaciones tan delicadas como es la obtención, por parte de Google, de datos de menores, así como del profesorado implicado en esta plataforma, a cambio, simplemente, de unos soportes digitales para la facilitación de entrega de tareas y trabajo educativo”.
El dirigente de IU ha defendido que Por Andalucía impulse en la Cámara autonómica esta batería de iniciativas para que “se aclare” lo sucedido, al considerar “de extrema gravedad que nuestros niños y niñas estén al albur en sus datos, sin conocer su uso, pudiendo ser trasladados a otros países con otra normativa y legislación mucho más laxa de la que existe en nuestro país”.
La Junta niega vulneración de la protección de datos
Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía han asegurado este lunes, en relación con este caso, que “no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía”. Han precisado igualmente que todas las cuentas se crean con datos anónimos y que “Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales”.
Fuentes de la Consejería han explicado que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) “consideró la necesidad de establecer medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos, como así ha ocurrido a través del Plan de Acción puesto en marcha para dar respuesta a las propuestas del Ctpda”.
Según estas fuentes, las cuentas se gestionan desde una consola controlada por la Consejería, lo que “garantiza su gestión y el uso exclusivo para fines educativos”. “Atendiendo a las indicaciones del Consejo de Transparencia, la Consejería trabajó de forma intensa y colaborativa tanto con Google como con el propio Consejo de Transparencia para la puesta en marcha de medidas que respondieran a cada una de las indicaciones, y fruto de ello fue la elaboración de un Plan de Acción que ha mejorado las acciones formativas para el profesorado, equipos directivos y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas”, han añadido.
La Administración autonómica ha señalado además que se actualizó el Registro de Actividad de Tratamiento y que se está tramitando un nuevo convenio, que incorpora una Evaluación de Impacto con roles más definidos en cuanto a la responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Google. Han recordado también que otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares, entre otras, mantienen acuerdos similares con Google.
En relación con Microsoft, las “indicaciones” del Consejo de Transparencia son “las mismas”; esto es, “la consideración de medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios”. La Consejería ha avanzado que en los próximos meses “se trasladará al Ctpda respuesta al expediente, que culminará también con la firma de un nuevo convenio donde queden aclaradas todas las cuestiones”.