El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado en la Cámara andaluza una proposición no de ley (PNL) para que se proceda a la “retirada de honores públicos, distinciones oficiales y espacios de titularidad municipal dedicados a Juan Carlos I”, padre del actual rey Felipe VI.
La iniciativa, que aún debe debatirse en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento andaluz, plantea que el Legislativo autonómico inste al Consejo de Gobierno de la Junta a “aplicar e instar, a su vez, a los ayuntamientos andaluces a revisar de manera específica las denominaciones honoríficas, distinciones y equipamientos y vías públicas dedicadas a Juan Carlos I”.
Por Andalucía fundamenta esta propuesta señalando que “la ilegitimidad de origen --de Juan Carlos I-- de ser designado jefe del Estado por decisión del dictador (Francisco Franco), incompatible con los valores democráticos, se ha agravado por la ilegitimidad del ejercicio de sus funciones, marcadas por prácticas corruptas”, por lo que consideran que “procede alentar lo que ya han comenzado a efectuar diversos municipios ante la creciente controversia pública que suscita mantener honores impropios en una sociedad democrática madura”.
En la exposición de motivos, el grupo de la confluencia de Podemos e IU, junto a otras fuerzas de izquierdas, sostiene que “la preservación de honores públicos, distinciones oficiales y espacios de titularidad municipal dedicados a Juan Carlos I constituye hoy una grave distorsión democrática, un anacronismo inadmisible que degrada la dignidad institucional y pone en evidencia la desconexión entre la realidad política y la simbología que nuestras administraciones siguen proyectando a la ciudadanía”.
Desde Por Andalucía subrayan que, “a la luz de hechos conocidos, investigaciones periodísticas sólidas y actuaciones fiscales que han obligado incluso a regularizaciones millonadas, insistir en mantener honores a Juan Carlos I no solo es irresponsable”, sino que además “es insultante para una sociedad que exige ejemplaridad”.
La iniciativa incide en que “mantener estos homenajes es sostener un decorado ficticio, construido durante décadas en torno a un relato mitificado e interesado, que presentó al exjefe del Estado como un pilar intocable de la convivencia democrática”, un relato que, a juicio de sus promotores, “ya no se sostiene ni moral ni políticamente”.
Cuestión de principios democráticos
El texto vuelve sobre la relación de Juan Carlos I con el franquismo al inicio de su reinado y argumenta que “mantener calles, avenidas o centros públicos dedicados a una figura designada por un régimen dictatorial es una contradicción cívica flagrante, una incoherencia histórica y una falta de rigor democrático que nuestra comunidad no puede seguir normalizando”. En esta línea, remarca que “no es una cuestión estética, es una cuestión de principios democráticos”.
Al mismo tiempo, Por Andalucía apunta que “el problema no se limita al origen franquista”, ya que “las polémicas que han rodeado a Juan Carlos I durante su reinado y, especialmente, tras su abdicación hacen aún más inasumible que siga recibiendo honores en el espacio público”. Recuerdan que “las conductas atribuidas al exjefe del Estado, señaladas en investigaciones periodísticas nacionales e internacionales, objeto de diligencias fiscales y reflejadas en regularizaciones millonarias, han deteriorado de forma irreversible su imagen pública y la de la institución que representó”.
El documento vincula al rey emérito con “entramados financieros opacos, cuentas y fundaciones en el extranjero, gastos sufragados por terceros, movimientos económicos bajo investigación, regalos millonarios cuya justificación generó dudas evidentes, así como intermediaciones económicas que nunca debieron formar parte de la actividad de quien ocupaba la más alta magistratura del país”.
En coherencia con ese análisis, el grupo sostiene que “mantener calles, plazas o equipamientos en nombre de Juan Carlos I envía un mensaje devastador, especialmente a las generaciones jóvenes, como que la corrupción, la opacidad y los privilegios pueden convivir con honores institucionales; que la herencia del franquismo es aceptable si se reviste de solemnidad”, o que “la ética es prescindible cuando se trata de figuras del poder”.
Para Por Andalucía, “ese mensaje es profundamente dañino y contrario a cualquier proyecto democrático serio”, y recalcan que “la ciudadanía andaluza exige cada vez más transparencia, integridad y coherencia en sus instituciones, así como verdad, justicia y reparación ante los hechos ocasionados y derivados del franquismo”.
Referencias a acuerdos municipales y papel del Parlamento
La PNL recoge que distintos ayuntamientos andaluces “ya han comenzado” a retirar “denominaciones impropias (...), asumiendo su responsabilidad democrática” y actuando “guiados por la presión social, por el sentido común y por la obligación institucional de alinear el espacio público con los valores constitucionales”.
No obstante, el grupo advierte de que “esa acción municipal, aunque valiosa, es desigual y fragmentaria”, y defiende que el Parlamento andaluz “no puede seguir actuando como espectador pasivo ni delegar en los municipios una responsabilidad que le corresponde plenamente”, sino que “debe ejercer el liderazgo democrático que se espera de él e impulsar un proceso coherente, homogéneo y riguroso en toda la comunidad autónoma”.
En la parte final de la exposición de motivos, la iniciativa afirma que “corresponde al Consejo de Gobierno trasladar esta orientación a todos los ayuntamientos, instándolos a revisar y retirar las distinciones dedicadas a Juan Carlos I y sustituirlas por denominaciones acordes con una sociedad que aspira a ser plenamente democrática”, subrayando que “la revisión de estos honores no es un gesto simbólico ni un ejercicio de revisionismo selectivo”, sino que “es una exigencia de salud democrática, un acto de respeto a la verdad histórica y una medida imprescindible de higiene institucional”.
El texto concluye insistiendo en que “retirar estos reconocimientos no es un capricho ideológico, sino una corrección democrática necesaria, frente a un relato oficial que hace mucho tiempo dejó de ser sostenible”, y reclama que las instituciones andaluzas actúen en consecuencia.