El grupo parlamentario Por Andalucía someterá a debate y votación el próximo jueves, 26 de marzo, en el Pleno del Parlamento, una moción sobre política general de contratación pública, derivada de una interpelación previa al Gobierno andaluz en la última sesión plenaria, que incorpora un total de 25 propuestas dirigidas a la Junta.
Según el texto de la moción, consultado por Europa Press, las iniciativas se estructuran en dos grandes apartados: uno de “medidas para favorecer el trabajo decente” y otro de “medidas para favorecer la contratación sostenible, social, ecológica y ética”.
Dentro del bloque de “medidas para favorecer el trabajo decente”, la primera petición plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “establecer como principio esencial de la contratación pública andaluza el que la actividad propia de la Junta de Andalucía ha de desempeñarse con medios propios de la administración autonómica”.
En esa línea, Por Andalucía defiende que la Junta solo recurra “a la contratación de servicios con terceros en los supuestos de que se trate de una actividad impropia de la administración autonómica”, o cuando, “tratándose de actividad propia, concurran motivadas razones coyunturales que haga imposible su satisfacción con los medios propios disponibles, ya sea por un aumento circunstancial de las necesidades a satisfacer, ya sea por la no dotación suficiente de los medios propios”.
Asimismo, la moción propone exigir al Ejecutivo andaluz la creación de “una unidad administrativa”, que deberá “estar operativa en seis meses”, destinada a “centralice toda la información relativa a condenas o resoluciones administrativas firmes que justifican” la “prohibición” a determinadas empresas de “celebrar contratos públicos”.
El grupo también plantea que, en los pliegos de contratación, se imponga la obligación de que “las empresa licitadoras determinen en su oferta (...) la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista”.
Otra de las medidas incluidas es que “los pliegos de cláusulas que sustenten la licitación” recojan “la obligación de la contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, así como la normativa laboral”, y que, en lo relativo a salarios, se fije “la obligación empresarial a respetar, sin contraprestación adicional por parte de la administración contratante, el salario mínimo interprofesional si fuera de aplicación, o las tablas salariales del Convenio Colectivo de aplicación fijadas para cada anualidad”.
Además, el texto insta al Consejo de Gobierno a aprobar, “en el plazo de nueve meses”, una “norma en la que se establezca que en aquellos servicios que la administración autonómica contrate en el que un elemento significativo sea la puesta a disposición de personal en condiciones de exclusividad, ya sea parcial o total, y permanezca en el tiempo más allá de una licitación, la nueva empresa adjudicataria vendrá obligada a la subrogación del personal aunque no exista previsión expresa en el convenio colectivo de aplicación”.
Prevención de riesgos laborales y control de la ejecución
Entre las reclamaciones que Por Andalucía dirige a la Junta figura también que los pliegos de contratación incorporen “medidas efectivas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales”, junto con “un procedimiento específico de comunicación de denuncias de posibles incumplimientos en la ejecución de contratos públicos”, y “mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos públicos mediante la obligación de comunicación a la Administración de los procedimientos judiciales que en materia laboral afecten a la ejecución del contrato”.
Igualmente, el grupo propone que “la persona responsable del contrato designada por la administración autonómica deberá certificar el cumplimiento” del mismo “con periodicidad temporal”.
“Medidas para favorecer la contratación sostenible”
En el segundo bloque, dedicado a las “medidas para favorecer la contratación sostenible”, la moción plantea que, “en relación con los criterios de adjudicación”, en los contratos el “factor precio” se divida en dos componentes diferenciados: “la cantidad que directamente desembolsa la administración” y “la cuantificación de los retornos que los impactos directos, indirectos e inducidos genera”.
El texto propone también que “en todos los contratos” se valore, “entre el 10 al 25% sobre el total del baremo, a los licitadores que se comprometan a aumentar su plantilla como consecuencia de la adjudicación del contrato”, así como “a las empresas o personas licitadoras que se comprometan ejecutar o prestar el contrato bajo criterios de calidad laboral”.
Asimismo, Por Andalucía plantea que, en los contratos de suministro, se tenga en cuenta, “con una horquilla entre el 10 al 25%, la reducción o compensación de la huella de carbono”.
La moción reclama además al Gobierno andaluz poner “en marcha un procedimiento transparente y responsable en los contratos menores”, y reforzar “los mecanismos de transparencia, control y evaluación en los contratos de patrocinio suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y su sector público instrumental”.
En coherencia con ello, Por Andalucía pide que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “crear un Registro Público de Contratos de Patrocinio suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y su sector público instrumental, en el que se recoja de forma sistemática y accesible la información relativa a estos acuerdos, incluyendo al menos la entidad patrocinada, el objeto del patrocinio, el importe económico comprometido, la duración del acuerdo, los objetivos perseguidos y los criterios utilizados para su adjudicación”.
Por otra parte, el grupo quiere que se inste al Ejecutivo autonómico a “reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés y de puertas giratorias en el ámbito de la contratación pública de la Administración autonómica, sus agencias y su sector público instrumental, garantizando el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades aplicable a los altos cargos y responsables públicos que hayan participado en la preparación, adjudicación o supervisión de contratos públicos”.
Finalmente, la iniciativa plantea que, “en los contratos de servicios de hostelería, cáterin y restauración, así como en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud”, se impulsen “criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos y procesos productivos”.