Por Andalucía pide a la Junta dos museos de memoria democrática y una asignatura en Primaria y Secundaria

Por Andalucía propone dos museos de memoria democrática, una asignatura específica en las aulas y un amplio paquete de medidas de verdad, justicia y reparación.

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El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado en la Cámara autonómica una moción con la que pretende, entre otros objetivos, que la Junta ponga en marcha “al menos dos Museos de la Memoria Democrática en Andalucía, concebidos como espacios públicos de investigación, divulgación y reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y de la lucha por las libertades democráticas”, así como que introduzca “en el próximo curso escolar una asignatura específica, como mínimo, en Primaria y Secundaria (...), dedicada a la enseñanza de los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria democrática”.

Esta iniciativa, centrada en la memoria histórica y democrática de Andalucía y consultada por Europa Press, deriva de una interpelación previa de Por Andalucía al Ejecutivo autonómico. Entre la treintena de medidas que recoge, la primera reclama al Gobierno andaluz que promueva “la creación de, al menos, dos Museos de la Memoria Democrática en Andalucía”, con “uno en Andalucía oriental, centrado en los hechos represivos documentados en Málaga, Almería, Granada y Jaén, y otro en Andalucía occidental, orientado a la memoria de la represión en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla”.

La formación propone que estos centros sean “diseñados en colaboración con universidades, entidades memorialistas y equipos investigadores, garantizando la preservación de archivos, testimonios orales, materiales pedagógicos y actividades formativas permanentes”. Además, la moción solicita que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno “a recuperar la denominación de la Dirección General de Memoria Democrática, revirtiendo la sustitución por el denominado Comisionado para la Concordia”, con el fin de “visibilizar que Andalucía cuente con una estructura administrativa clara, específica y comprometida con la defensa de los valores democráticos y con la protección del legado de quienes sufrieron la represión”.

Reconocimiento a víctimas y exhumaciones

Entre las demandas dirigidas a la Junta figura que se conviertan “en política pública” las exhumaciones de fosas comunes en Andalucía, “así como la identificación de los restos y la búsqueda de familiares”. También plantea que se impulse “la consideración de Manuel José García Caparros, hijo predilecto de Andalucía, como víctima del terrorismo, una vez que no hay dudas sobre su asesinato por parte de la Policía Armada, tal y como ha llegado a asumir el presidente de la Junta de Andalucía”.

La moción reclama igualmente que el Ejecutivo revise y deje sin efecto “el nombramiento de Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria Democrática, dado que su etapa al frente del Comisionado para la Concordia no dejó resultados públicos, iniciativas significativas ni avances conocidos en materia de memoria democrática”, y que se garantice “el cumplimiento real y efectivo del artículo 7 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía relativo al Mapa de Localización de Restos, asegurando su actualización periódica, transparente y accesible en soporte digital y analógico”.

Por Andalucía propone además que se elabore “un censo público de víctimas de la guerra civil, la represión franquista y la dictadura”, y que se determine que la conmemoración en los centros educativos del “Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, sin modificar en ningún caso la fecha oficial fijada por ley, se celebre el 14 de abril, al ser esta una fecha plenamente integrada en el calendario académico y que permite desarrollar actividades pedagógicas dignas, rigurosas y participativas”.

El texto insta también a la Junta a que lleve a cabo “todas las actuaciones que sean necesarias para eliminar de una vez todos los elementos contrarios a la memoria democrática”; a aplicar de forma “efectiva” el régimen sancionador de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y a poner en marcha “sin más dilaciones ni excusas, de manera efectiva, el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía” previsto en dicha norma, “como servicio administrativo con gestión diferenciada dedicado al estudio, investigación, preservación, divulgación y coordinación de las políticas de memoria democrática” en la comunidad.

Acto institucional por la Desbandá y robo de bebés

La moción plantea que el Parlamento pida al Gobierno andaluz que solicite al Ejecutivo central “que promueva, en coordinación con los gobiernos de Alemania e Italia”, un “acto institucional de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas de la masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida como la Desbandá, así como de los bombardeos producidos en mayo de 1937 en Almería”.

En relación con el “robo de bebés durante el franquismo”, la iniciativa propone “la creación de un programa andaluz específico de búsqueda, identificación y apoyo a las víctimas”, junto con “un registro andaluz de posibles casos de sustracción de menores”, y la “puesta en marcha de campañas institucionales de información y sensibilización que permitan a posibles víctimas y familiares conocer sus derechos y acceder a vías de búsqueda”.

Lugares de memoria y patrimonio expoliado

Por Andalucía reclama que se “declare como lugares de memoria todos los campos de concentración franquistas y batallones de trabajadores de Andalucía”, enumerando 59 enclaves repartidos por las ocho provincias. También pide que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “reconocer como lugares de memoria aquellas ubicaciones andaluzas donde se produjeron episodios de represión cultural, con la quema de libros conocida como ‘bibliocausto’ franquista”, y que se impulse “un programa estable de reconocimiento público a las víctimas andaluzas deportadas a los campos de concentración y exterminio del nazismo”.

La moción incluye, asimismo, la puesta en marcha de “un programa integral de investigación, documentación y restitución del expolio material, patrimonial, artístico, documental y económico perpetrado por el franquismo en Andalucía”, y que la Junta “reclame formalmente al Gobierno de España la devolución a Andalucía de todos aquellos bienes, archivos, documentos, inmuebles o patrimonio cultural incautado en territorio andaluz, pero actualmente bajo custodia u ocupación del Estado o sus organismos dependientes, para su regreso a sus territorios, instituciones o titulares de origen”.

Verdad, justicia, reparación y banco de ADN

Por último, el grupo solicita que el Parlamento inste al Ejecutivo autonómico a “desarrollar un programa integral de verdad, justicia y reparación respecto al uso masivo de trabajos forzosos durante el franquismo en Andalucía”, y a “equiparar, de manera inmediata, el régimen de ayudas, indemnizaciones y reconocimientos que la Junta de Andalucía concede a las víctimas del terrorismo a las víctimas del franquismo y sus familiares”.

La moción concluye proponiendo “desarrollar un programa andaluz de reconocimiento y reparación a minorías represaliadas por el franquismo”, y “crear un banco de ADN por cada provincia”, con el objetivo de “concluir por completo la identificación y las exhumaciones de todas las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista”.