El grupo parlamentario de Por Andalucía ha reafirmado este viernes en Granada su apuesta por la estabilización laboral de los investigadores biomédicos, en un acto en el que la confluencia de izquierdas también ha reivindicado el registro, el pasado mes de febrero, de una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara autonómica con la finalidad de “rescatar y blindar el sistema de investigación biomédica” en la comunidad.
La iniciativa, liderada por Antonio Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y por Mari Carmen Pérez, diputada provincial de IU y coportavoz de la coalición, fija, según Por Andalucía, una hoja de ruta precisa: “Exigir la aplicación del artículo 85 para garantizar la estabilización laboral de los investigadores y su integración formal en el sector público”.
El grupo subraya que el contenido de la PNL responde de forma directa a un encuentro de trabajo celebrado este mismo viernes en la capital granadina con representantes de la plantilla de la Fundación de Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao), donde se habrían abordado de primera mano las principales reivindicaciones del personal.
En dicha reunión, Por Andalucía afirma haber constatado la urgencia de revertir una “negligencia histórica del actual Gobierno andaluz, que ha propiciado la fragmentación y una precarización alarmante del tejido científico en la región”.
Según han expuesto, el sistema andaluz de investigación, sustentado en fundaciones clave como Fibao, Fisevi o Fimabis, “atraviesa actualmente una profunda crisis de modelo estructural”. La salida de varias de estas entidades del perímetro del sector público en 2023 habría intensificado una situación de desprotección que la coalición considera ya límite.
Ante este escenario, la PNL plantea como respuesta “innegociable” la activación del artículo 85 como herramienta jurídica para consolidar las plantillas y asegurar la estabilidad de los equipos científicos.
En este contexto, Antonio Maíllo ha afirmado: “Es absolutamente inaceptable que quienes desarrollan los tratamientos del futuro y están en la vanguardia de la lucha contra la enfermedad sobrevivan encadenando contratos precarios. No estamos pidiendo un imposible, exigimos la aplicación inmediata del artículo 85 para estabilizar a nuestros investigadores e investigadoras”.
El dirigente de izquierdas ha añadido: “No podemos permitir que el talento andaluz se vea abocado al exilio o a la precariedad por la desidia y el modelo externalizador del Gobierno de Moreno Bonilla. Para nosotros, la investigación pública es un pilar intocable, no un negocio subsidiario”.
Por su parte, Mari Carmen Pérez ha remarcado el carácter urgente y no aplazable de la propuesta: “No podemos permitir que quienes buscan la cura para enfermedades o mejoran nuestros tratamientos vivan en una situación de interinidad constante y con salarios que no corresponden a su responsabilidad técnica”.
La coportavoz ha incidido, además, en el papel de la ciudad: en Granada, recuerda, la investigación constituye un referente, “pero los investigadores no pueden seguir siendo el último eslabón del sistema sanitario. Con esta PNL, Por Andalucía e IU ponemos pie en pared: o hay investigación pública digna, o no habrá futuro para nuestra sanidad”.
Junto a la estabilización laboral, la PNL registrada por Por Andalucía incorpora otras medidas consideradas esenciales para homogeneizar las condiciones del personal investigador. Entre ellas, la exigencia de que investigadores, técnicos y gestores perciban retribuciones equiparables a las de la plantilla del SAS, así como la puesta en marcha de un sistema de carrera profesional con efectos retroactivos desde finales de 2024.
La propuesta también persigue acabar con la incertidumbre actual sustituyendo el modelo vigente por una financiación nominativa garantizada en los presupuestos de la Consejería de Salud, tomando como referencia experiencias consolidadas en territorios como País Vasco o Cataluña.
De forma complementaria, la iniciativa plantea la creación de categorías estatutarias específicas para la investigación biomédica dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de integrar plenamente esta actividad en la estructura pública.
Desde Por Andalucía concluyen que esta reforma de conjunto es la única manera de frenar la fuga constante de profesionales hacia el sector privado o el extranjero. “Andalucía necesita un modelo único y cohesionado. La investigación no es un gasto, es la mejor inversión para el paciente granadino y andaluz”, sostienen.