El PP-A llevará el jueves 12 de febrero al Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno central la adopción de medidas contundentes contra el narcotráfico en Andalucía, tras la política “errónea” que, a su juicio, se ha aplicado hasta el momento.
En dicha iniciativa, el PP-A insta al Ejecutivo central a revisar con carácter urgente su política exterior y de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, “ante el fracaso del actual modelo de alianzas y colaboración, especialmente con Marruecos, la ruta del Sahel y África oriental, o Perú, Colombia y Venezuela”, y a impulsar dentro de la Unión Europea “el diseño de una nueva hoja de ruta europea contra el tráfico de drogas”.
Asimismo, se plantea que el Gobierno promueva de forma inmediata en las Cortes Generales una reforma legal, tanto sustantiva como procesal, que refuerce “la lucha contra el narcotráfico, con el fortalecimiento de la Fiscalía Especial Antidroga”; que amplíe y consolide las competencias de la Audiencia Nacional, y que dé un fuerte impulso a la investigación patrimonial, priorizando el decomiso de bienes y activos como herramienta clave para desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
El texto también reclama “paliar de manera urgente el grave déficit estructural de jueces y magistrados que padece Andalucía”, mediante la creación inmediata de nuevas unidades judiciales y plazas de magistrados, la puesta en marcha de juzgados y secciones especializadas en materia de narcotráfico y el refuerzo de las plantillas judiciales y fiscales, sobre todo en los territorios con mayor presión delictiva vinculada a esta actividad.
Otra de las exigencias al Gobierno es el incremento urgente y significativo de los medios materiales, técnicos y tecnológicos de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía dedicadas a combatir el narcotráfico, con especial atención a radares costeros, escáneres de contenedores de gran capacidad, sensores costeros acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad, patrulleros oceánicos, helicópteros y aviones de vigilancia marítima.
Igualmente, la proposición pide que el Parlamento haga constar “su reconocimiento y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la situación de abandono y falta de respaldo institucional que vienen padeciendo” y que se inste al Ejecutivo central a reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a culminar la plena equiparación salarial y a garantizar una jubilación acorde con el nivel de exigencia de su labor.
El PP-A reclama además que el Gobierno restaure o ponga en marcha unidades especializadas antidroga que sustituyan a la desmantelada OCON-Sur, dotándolas de financiación adecuada, personal estable, estructura permanente y verdadera capacidad operativa, con especial foco en áreas fronterizas y de alto riesgo como el Campo de Gibraltar, con la finalidad de intensificar la persecución de las redes criminales y reforzar la seguridad ciudadana.
Por último, se propone la creación de una unidad marítima y fluvial específica de la Guardia Civil para reforzar las labores de vigilancia, control e intervención en la desembocadura del río Guadalquivir, al considerarse uno de los principales puntos de entrada y tránsito de drogas en Andalucía y en el conjunto del país.